Escuelas rurales bonaerenses: reclaman reconocer enfermedades laborales por fumigaciones y agua contaminada

Más de 165 organizaciones sindicales y socioambientales reclamaron este jueves al Gobierno de la provincia de Buenos Aires que reconozca las enfermedades laborales vinculadas con la exposición a fumigaciones con agrotóxicos y al consumo de agua contaminada en escuelas rurales. El pedido fue presentado ante la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), en La Plata, y cuenta con el respaldo de más de 3.000 firmas de integrantes de comunidades educativas y de la población en general.

El documento, presentado a fines de octubre, reúne reclamos por las condiciones de salud de docentes y auxiliares, la calidad del agua que se consume en los establecimientos y la necesidad de establecer zonas de protección frente a las aplicaciones agrícolas. Las organizaciones buscan que el Estado provincial implemente medidas permanentes de prevención y que las enfermedades relacionadas con estas exposiciones puedan ser reconocidas dentro del sistema de riesgos del trabajo.

La iniciativa volvió a poner en discusión la situación de las escuelas rurales bonaerenses que funcionan cerca de campos productivos y los controles sobre el uso de agroquímicos. El planteo también se apoya en antecedentes judiciales, investigaciones sobre muestras de agua y denuncias de trabajadores de la educación.

Escuelas rurales: qué reclaman los sindicatos y las organizaciones bonaerenses

Entre los espacios que impulsan el petitorio se encuentran SUTEBA Marcos Paz, SUTEBA Tigre, UDOCBA Luján, la Asociación de Maestros Rurales Argentinos (AMRA), la Campaña por el Agua Limpia en las Escuelas (CALE) y el Encuentro de Pueblos Fumigados por la Agroecología y el Buen Vivir.

Uno de los pedidos principales es que las enfermedades vinculadas con la exposición laboral a plaguicidas sean reconocidas, incluso con carácter retroactivo. Las agrupaciones sostienen que los docentes y auxiliares que trabajan en establecimientos cercanos a campos fumigados necesitan cobertura sanitaria, seguimiento médico y mecanismos específicos de protección.

Además, solicitaron implementar programas permanentes de vigilancia de la salud, realizar análisis integrales del agua en las escuelas y garantizar el suministro de agua potable hasta que se compruebe su aptitud para el consumo. También reclamaron ampliar las distancias de resguardo entre las aplicaciones agrícolas y los edificios educativos.

En un comunicado, las organizaciones advirtieron: "La salud de las comunidades educativas no puede esperar". El planteo apunta a que la respuesta estatal no dependa solamente de denuncias individuales, sino de políticas públicas sostenidas para proteger a quienes estudian y trabajan en esos establecimientos.

Agrotóxicos en el agua: qué detectaron en escuelas de nueve municipios

Uno de los antecedentes que respalda el reclamo es un relevamiento de la Campaña por el Agua Limpia en las Escuelas, que sistematizó estudios realizados entre 2019 y 2022 en más de 35 establecimientos educativos de nueve municipios bonaerenses.

Las muestras correspondieron a escuelas de Baradero, Exaltación de la Cruz, Lobos, Marcos Paz, Navarro, General Pueyrredón, Pergamino, San Miguel del Monte y Tandil. En los análisis se registraron sustancias utilizadas en la actividad agrícola, entre ellas atrazina, glifosato, AMPA y 2,4-D, además de nitratos y arsénico.

Entre los resultados mencionados en el informe se encuentra el de una escuela secundaria rural de la zona de Mar del Plata, donde se detectaron 89 miligramos de nitratos por litro de agua, casi el doble del límite de referencia. En otros establecimientos se encontraron concentraciones de glifosato de 14,1 y 22,3 microgramos por litro.

A partir de esos resultados, las organizaciones cuestionaron que los controles habituales no siempre contemplen la presencia de sustancias químicas y metales. Por eso, piden que los análisis de potabilidad incluyan estudios específicos y que se garantice agua segura mientras se realizan las evaluaciones correspondientes.

Ana Zabaloy y Estela Lemes: los antecedentes de docentes afectadas

El petitorio recupera los casos de Ana Zabaloy, maestra y directora de una escuela rural de San Antonio de Areco, y Estela Lemes, docente de Entre Ríos. Ambas historias son señaladas por las organizaciones como antecedentes de los reclamos por el reconocimiento de enfermedades profesionales relacionadas con la exposición a agrotóxicos.

Zabaloy había denunciado durante años las fumigaciones en las inmediaciones de la escuela donde trabajaba y los problemas de salud que, según sus testimonios, afectaban a integrantes de la comunidad educativa. Murió en junio de 2019, luego de atravesar una enfermedad oncológica. Las agrupaciones sostienen que su patología no fue reconocida dentro del régimen de riesgos del trabajo.

El caso de Lemes tuvo un recorrido judicial. La docente trabajaba en una escuela rural de Costa Uruguay Sur y denunció haber estado expuesta a aplicaciones realizadas en campos vecinos. En 2021, la Cámara de Apelaciones de Gualeguaychú reconoció judicialmente la relación entre sus secuelas y las condiciones ambientales de trabajo, y ordenó que recibiera prestaciones médicas e indemnización.

A estos antecedentes se suma una investigación impulsada en 2024 por AMSAFE Rosario, en Santa Fe. El estudio analizó a 32 trabajadores de establecimientos educativos cercanos a campos cultivados e identificó indicadores de alteraciones genéticas en muestras biológicas. Sus resultados fueron incorporados al debate sobre la necesidad de ampliar los controles y el seguimiento sanitario.

Fumigaciones cerca de escuelas: los antecedentes legislativos y las normas vigentes

La discusión sobre las distancias de protección también llegó a la Legislatura bonaerense. En abril de 2025, la diputada provincial Sabrina Sabat presentó un proyecto para prohibir las fumigaciones en terrenos lindantes con escuelas rurales.

La iniciativa contemplaba, además, la presencia de un asesor técnico durante las aplicaciones, notificaciones con 48 horas de anticipación y sanciones ante posibles incumplimientos. El debate se suma a una discusión más amplia sobre cómo compatibilizar la actividad agropecuaria con la protección de las comunidades educativas.

En la provincia de Buenos Aires, la Resolución 246/2018 había establecido zonas de amortiguamiento para las aplicaciones próximas a áreas sensibles, pero su implementación quedó suspendida y recibió sucesivas prórrogas. En mayo de 2026