09/09/2026
Organizaciones, familias y prestadores del área de discapacidad se movilizaron este miércoles a la sede del Poder Legislativo para exigir la prórroga de la ley de emergencia. Advierten que el desfasaje arancelario y los atrasos en los pagos provocaron el colapso del sistema y el cese masivo de prestaciones esenciales en todo el país.
Agrupaciones de personas con discapacidad, prestadores de salud, instituciones y sus familias se concentraron este miércoles en las inmediaciones del Congreso de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires, para exigir la sanción urgente de la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La protesta responde a la grave crisis del sector en Argentina, signada por el cierre progresivo de centros de atención, el corte de prestaciones médicas y de transporte, y el retraso persistente en los pagos por parte de las obras sociales y prepagas, lo que deja a miles de pacientes vulnerables sin asistencia básica.
Qué pasó en el Congreso y por qué el cierre de centros genera alarma
Durante la jornada de movilización, referentes de las organizaciones manifestaron que la falta de actualización de los valores del Nomenclador Regulador torna insostenible la operatividad diaria de los centros de día, de rehabilitación y de educación terapéutica. La brecha entre el costo real de los servicios y lo devengado por las obras sociales provocó la suspensión indefinida de terapias de transporte, fonoaudiología y acompañamiento terapéutico.
En el marco del reclamo externo, dentro de la Cámara de Diputados los bloques opositores impulsaron una sesión especial para tratar los proyectos de prórroga de la emergencia. Quienes encabezan las marchas denunciaron que las normativas aprobadas previamente no se han reglamentado ni ejecutado de forma efectiva, agravando la desprotección del colectivo.
Quiénes están involucrados y las demandas urgentes de prestadores y familias
El reclamo reúne al Foro Pro Integración, la Red de Prestadores de Discapacidad y diversos colectivos autoconvocados junto a familias de usuarios del sistema de atención. La solicitud principal exige la intervención directa del Poder Ejecutivo Nacional y de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para garantizar el cumplimiento irrestricto de las prestaciones obligatorias y liquidar los saldos adeudados.
Referentes del sector explicaron que los aranceles fijados acumulan una pérdida sustancial respecto de la inflación. Esta situación derivó en la quiebra y quita de licencias de numerosas pymes institucionales y el endeudamiento severo de los profesionales independientes.
El impacto político de la medida y los antecedentes del conflicto en Argentina
El conflicto en torno a la discapacidad se convirtió en un eje central de discusión parlamentaria en Argentina en medio de la política de austeridad y consolidación fiscal promovida por el Gobierno Nacional. Ante las suspensiones de servicios registrados en las provincias, la presión social sobre los legisladores busca evitar el desmantelamiento total de las redes institucionales de contención.
De no obtenerse una respuesta legislativa o reglamentaria de manera inmediata, las agrupaciones anunciaron que profundizarán las medidas de fuerza con paros de actividades y marchas federales en las principales capitales del país. El sector ratificó la necesidad de contar con una ley de emergencia que asegure la continuidad operativa y la asignación prioritaria de fondos presupuestarios.
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