19/06/2026
El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, y el gobierno provincial de Axel Kicillof sumaron cruces políticos antes de la convocatoria en los tribunales. La pelea de fondo por la administración y la millonaria deuda del complejo de balnearios bonaerense que redefine la relación entre el municipio y la gobernación.
El conflicto de largo arrastre por la municipalización del complejo de balnearios de Punta Mogotes sumó este viernes un nuevo capítulo de tensión política y judicial en Mar del Plata, de cara a la inminente audiencia clave fijada por los tribunales. La disputa formal enfrenta directamente a la intendencia de General Pueyrredón con la gobernación de la provincia de Buenos Aires, en un litigio institucional donde se define el control económico, administrativo y territorial de uno de los sectores turísticos y costeros más importantes de Argentina.
Qué pasó y por qué genera polémica la pelea por Punta Mogotes
La controversia escaló luego de las últimas presentaciones judiciales presentadas por los equipos legales de ambas administraciones, las cuales buscan fijar posiciones definitivas de cara a la mediación en la Justicia. Desde la intendencia local insisten en que el Municipio tiene el derecho legítimo de recuperar la administración total de la costa marplatense, tras décadas bajo el control de una administración mixta creada en la década de 1980, en la cual la Provincia retiene el 70% de las decisiones y el patrimonio.
El punto central del reclamo administrativo radica en la intención de la comuna de cancelar la deuda histórica que dio origen al convenio original. Sin embargo, la administración provincial ha objetado los mecanismos financieros y los montos de consignación propuestos por la gestión local, lo que trabó cualquier posibilidad de acuerdo extrajudicial y devolvió el debate al centro de la escena política bonaerense.

En el epicentro del choque político se encuentran el intendente marplatense, Guillermo Montenegro (PRO/Juntos), y los funcionarios de la administración del gobernador Axel Kicillof (Unión por la Patria). Mientras el jefe comunal argumenta que la restitución de Punta Mogotes a la órbita de Mar del Plata es un acto de soberanía municipal para el desarrollo del turismo local, desde los despachos de La Plata se lee la jugada como un intento de capitalización política de la oposición en un año electoral complejo.
Los antecedentes del conflicto se remontan a la creación de la Administración de Punta Mogotes en 1984, un ente creado para financiar las obras del complejo durante la última dictadura militar. A pesar de que las deudas originales han mutado con las distintas realidades económicas de Argentina, el control mayoritario de los 24 balnearios y las áreas comerciales sigue estando bajo el control del Estado provincial, un esquema que el oficialismo marplatense considera obsoleto.
El impacto político de la medida en la provincia de Buenos Aires
Esta escalada antes de la audiencia judicial podría marcar un punto de quiebre en la relación institucional entre los municipios gobernados por la oposición y el Poder Ejecutivo provincial. La resolución del caso Punta Mogotes no solo afectará el destino comercial de millones de pesos en concesiones turísticas frente al mar, sino que además sentará un precedente jurídico fundamental para las autonomías municipales en Argentina; una victoria de Mar del Plata en los tribunales dinamitaría el esquema de control costero de la Provincia y dispararía reclamos similares en otras comunas balnearias del territorio bonaerense.
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