La Fiscalía Federal N°1 de San Isidro, a cargo de Federico Iuspa, solicitó la elevación a juicio oral parcial de la causa que investiga a una organización acusada de extorsionar hombres mediante aplicaciones de citas y que habría tenido participación en el caso que derivó en la muerte del soldado Rodrigo Gómez en la Quinta Presidencial de Olivos.
El requerimiento fue presentado ante la jueza Sandra Arroyo Salgado y alcanza a siete imputados, dos de los cuales además deberán responder por el delito de instigación al suicidio.
Cómo operaba la organización
Según la investigación, la banda actuó entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 y estaba encabezada por dos hombres detenidos en la Unidad N°36 de Magdalena.
La organización utilizaba perfiles falsos de mujeres en aplicaciones de citas para contactar potenciales víctimas. Luego trasladaban las conversaciones a WhatsApp y desplegaban una maniobra extorsiva.
En una segunda etapa aparecía una supuesta madre de una menor de edad que amenazaba con realizar denuncias penales. Posteriormente intervenía un falso policía que exigía dinero para evitar consecuencias judiciales.
La fiscalía sostiene que las cuatro mujeres imputadas cumplían funciones clave fuera de la cárcel, facilitando cuentas bancarias, billeteras virtuales y líneas telefónicas utilizadas para concretar las maniobras.

El caso que terminó con la muerte de Rodrigo Gómez
La investigación comenzó el 16 de diciembre de 2025 tras el hallazgo sin vida de Rodrigo Gómez, de 21 años, integrante del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín.
El joven cumplía funciones de custodia en la Quinta Presidencial de Olivos y se quitó la vida con su arma reglamentaria.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, un día antes había transferido 1.413.000 pesos a cuentas vinculadas con la organización investigada.
A partir de pericias telefónicas, movimientos financieros y allanamientos, los investigadores lograron identificar a los presuntos integrantes de la banda y reconstruir el mecanismo utilizado para extorsionar a las víctimas.

Los hechos investigados
Además del episodio relacionado con Gómez, la fiscalía atribuye a la organización otros dos hechos de extorsión.
Uno ocurrió el 26 de diciembre de 2025, cuando una víctima transfirió 15.000 pesos a una cuenta vinculada con una de las imputadas.
El tercer caso se produjo entre el 22 y el 28 de diciembre, cuando otro hombre realizó depósitos por un total de 116.000 pesos en distintas cuentas utilizadas por la organización.
Qué delitos podrían enfrentar
El fiscal solicitó que los dos presuntos líderes sean juzgados por asociación ilícita agravada en calidad de jefes, tres hechos de extorsión y por instigación al suicidio de Rodrigo Gómez.
Respecto de los otros cinco acusados, pidió que sean juzgados como integrantes de una asociación ilícita agravada y coautores de los hechos de extorsión investigados.
En su presentación, Iuspa destacó que la estructura criminal operaba de manera organizada, con roles definidos y una metodología repetida para obtener dinero mediante amenazas y engaños.
También remarcó que la operatoria se desarrollaba parcialmente desde establecimientos penitenciarios y que incluso se utilizó la identidad de un efectivo policial real para dar credibilidad a las extorsiones.
Ahora será la Justicia la que deberá resolver si hace lugar al pedido y envía la causa a juicio oral.