Confirman indemnización para ex policía bonaerense que estuvo detenido por AMIA pero fue sobreseído

La Cámara Civil y Comercial Federal confirmó este jueves un fallo que ordenó al Estado Nacional y al ex juez Juan José Galeano indemnizar a un policía bonaerense que estuvo imputado y detenido por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en 1994.

Según fuentes judiciales, se trata del ex oficial Argentino Gabriel Lasala, quien incluso había sido exonerado de la fuerza de seguridad antes de ser sobreseído en la causa por el ataque a la mutual judía de la calle Pasteur al 600 de la Capital Federal, que el 18 de julio de 1994 provocó 85 muertos y centenares de heridos.

Tanto en primera como en segunda instancia -donde se incrementó el monto indemnizatorio- se reconocieron el daño moral y psíquico al exsargento por las irregularidades que padeció en la investigación conocida como "Brigadas" relacionado con el principal del atentado a la AMIA.

La Sala III de la Cámara recordó que en la causa AMIA el imputado Carlos Alberto Telleldín cambió su indagatoria e incriminó a policías luego de que Galeano, instructor del sumario, pactara en combinación con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) el pago de 400.000 dólares el ex reducidor de autos y actual abogado para que hiciera esa declaración.

Lasala, quien se había presentado a declarar como testigo para ponerse a disposición del magistrado, fue imputado, indagado y detenido (durante dos semanas, hasta que fue excarcelado) como partícipe del atentado.

La Cámara repasó que el 29 de octubre de 2004 el Tribunal Oral Federal 3 dictó la nulidad de la instrucción de la causa denominada "Brigadas" y de todos los actos procesales cumplidos, entre ellos la detención, procesamiento y embargo contra Lasala.

"El juez instructor se valió de la clandestinamente remunerada declaración indagatoria de Telleldín del 5 de julio de 1996", sostuvo el tribunal oral, que absolvió a Lasala -y a otros policías bonaerenses-, mientras que Galeano fue destituido por el Consejo de la Magistratura de la Nación.

"Una vez constatada la actividad judicial ilegítima, el Estado tiene la obligación de resarcir a la víctima", concluyeron, citando precedentes, los camaristas Guillermo Antelo, Eduardo Gottardi y Fernando Uriarte.