Causa ANDIS: investigan compras por $137.000 millones y citan a 39 personas a indagatoria

La investigación judicial por presuntas coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entrará en una etapa decisiva con el inicio de 39 declaraciones indagatorias. El juez federal Ariel Lijo convocó a empresarios, directivos y otros involucrados en las contrataciones de medicamentos, en una causa que examina posibles irregularidades durante la gestión de Diego Spagnuolo al frente del organismo.

Las primeras declaraciones comenzarán el jueves 29 de octubre con Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presidente y vicepresidente de la droguería Suizo Argentina, respectivamente. La empresa quedó bajo la lupa de los investigadores por su participación en compras millonarias y por la presunta coordinación de ofertas con otras firmas proveedoras.

Según el requerimiento de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Suizo Argentina obtuvo adjudicaciones por $137.118 millones entre mayo de 2024 y agosto de 2025, equivalentes al 29,54% del total adjudicado por la agencia durante ese período.

La cifra corresponde al volumen de las órdenes de compra investigadas y no constituye, por sí misma, una determinación del perjuicio económico. La Justicia busca establecer si existieron maniobras para direccionar contrataciones, inflar precios y beneficiar a empresarios y funcionarios.

Suizo Argentina, bajo sospecha por las compras de medicamentos de la ANDIS

La hipótesis fiscal sostiene que Suizo Argentina habría intervenido en decisiones que correspondían a las autoridades del organismo público. Entre las maniobras investigadas figuran el acceso anticipado a información sobre contrataciones, la organización de concursos de precios y la selección de proveedores.

Los investigadores sospechan que varias droguerías habrían coordinado sus ofertas para simular competencia en los procedimientos de compra. Como parte de las pruebas, identificaron archivos y planillas que presuntamente anticipaban qué empresa sería adjudicataria, qué descuentos se aplicarían y cómo se distribuirían las operaciones.

Una de las firmas mencionadas en el expediente es Génesis S.A., que habría actuado como intermediaria para incrementar los precios antes de vender medicamentos al Estado.

De acuerdo con la acusación, algunas operaciones registraron aumentos superiores al 200%, mientras que determinados medicamentos habrían llegado a comercializarse con diferencias de precio cercanas al 4.000%.

Suizo Argentina rechazó las imputaciones y negó haber integrado una organización destinada a manipular contrataciones. La compañía cuestionó la incorporación de determinadas pruebas y sostuvo que la ANDIS representaba apenas uno de sus más de 10.000 clientes, mientras que el 95% de su facturación provenía del sector privado.

Un medicamento para la esclerosis múltiple, entre los casos investigados

Uno de los ejemplos destacados por los fiscales corresponde a un medicamento utilizado para tratar la esclerosis múltiple.

Según el expediente, una unidad que habría sido adquirida por $92.000 fue vendida a la ANDIS por valores de entre $3,87 millones y $4,06 millones. La diferencia integra los elementos utilizados por los investigadores para fundamentar la hipótesis de sobreprecios.

La fiscalía también sostiene que la influencia de los empresarios habría excedido las condiciones comerciales y alcanzado decisiones administrativas y de personal.

En ese sentido, la acusación describe presuntas instrucciones sobre qué proveedores debían cobrar, cuáles debían esperar y qué empleados debían ser designados o desplazados.

Estas hipótesis deberán ser examinadas durante el proceso judicial, en el que los imputados podrán ejercer su defensa y responder a los señalamientos.

Los viajes, los pagos y los vínculos investigados con funcionarios

La causa también incluye presuntos intercambios de beneficios entre empresarios y funcionarios. Entre las pruebas incorporadas figuran conversaciones relacionadas con un viaje que Spagnuolo realizó a Roma e Israel en noviembre de 2024.

Los fiscales sostienen que el empresario Miguel Ángel Calvete habría pagado pasajes y alojamiento como parte de un intercambio de beneficios vinculado con su actividad en la agencia.

Los mensajes recuperados incluyen gestiones para conseguir mejores asientos de avión, reservas hoteleras y conversaciones sobre quién debía afrontar los gastos. Una de las comunicaciones describía la organización del traslado como un "favor político".

La investigación también examinó anotaciones relacionadas con pagos y honorarios. Entre ellas aparecen registros por aproximadamente 55.000 dólares en abril de 2024, que los fiscales vincularon con relaciones comerciales con Suizo Argentina.

Esos elementos forman parte de la reconstrucción de los vínculos económicos entre los empresarios y los funcionarios investigados. Su alcance y relevancia deberán determinarse en el marco del expediente.

Los audios que llevaron la causa al centro de la política nacional

El expediente adquirió una fuerte repercusión política tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo, en los que se describía un presunto esquema de retornos económicos y se mencionaba a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo "Lule" Menem.

Las grabaciones contenían referencias a supuestos porcentajes cobrados a proveedores y a un presunto 3% destinado a la Casa Rosada.

Posteriormente, el consultor Fernando Cerimedo declaró ante la Justicia que Spagnuolo le había relatado presuntas maniobras de recaudación ilegal y mencionado a integrantes del entorno presidencial.

Las nuevas citaciones ordenadas por Lijo se concentran en empresarios y operadores relacionados con las contrataciones investigadas. Karina Milei no figura entre las personas convocadas en esta ronda de indagatorias.

Lijo dispuso inhibiciones de bienes y la causa suma nuevos investigados

La convocatoria a indagatorias se produce después de otros avances judiciales. En septiembre, la Cámara Federal confirmó los procesamientos de Spagnuolo y otros 18 acusados por su presunta participación en una asociación ilícita vinculada con las contrataciones de medicamentos.

Posteriormente, Lijo amplió el procesamiento del exdirector de la ANDIS por compras de insumos médicos y ortopédicos. En esa línea de investigación se identificaron diferencias de precios superiores a $7.833 millones en operaciones analizadas parcialmente, que incluyeron medicamentos, prótesis, audífonos y elementos de movilidad.

Además de ordenar las declaraciones, el magistrado dispuso la inhibición general de bienes de los imputados alcanzados por la medida. La decisión busca preservar activos ante eventuales decomisos, responsabilidades económicas o reparaciones de daños.

La medida patrimonial no equivale a una condena, sino que se adopta mientras avanza la investigación judicial.

Cuándo declaran los dueños de Suizo Argentina

Las primeras indagatorias se realizarán el jueves 29 de octubre, según el cronograma dispuesto por el juez.

• 9.30: Jonathan Kovalivker, presidente de Suizo Argentina.

• 10.30: Emmanuel Kovalivker, vicepresidente de la compañía.

• 11.30: Diego Viner, director de Compras de la droguería.

El calendario continuará el 3 de noviembre con Sebastián Nuner Uner, director de Asuntos Corporativos; Gonzalo Zarbo, gerente de Tratamientos Especiales; y Fernando Domínguez, coordinador de esa área.

Las declaraciones se extenderán hasta el 26 de noviembre. De las 39 citaciones, 36 corresponden a personas que todavía no habían sido indagadas y las tres restantes son ampliaciones de declaraciones anteriores.

Lijo postergó, por otra parte, la convocatoria de Spagnuolo, del exdirector nacional Daniel Garbellini y de otros dos imputados. Esas declaraciones no tienen fecha asignada dentro de esta etapa, pese a que los fiscales habían solicitado nuevas citaciones.

La investigación alcanza fondos destinados a personas con discapacidad

El expediente examina contrataciones relacionadas con el Programa Federal Incluir Salud, mediante el cual se financian prestaciones sanitarias para personas con discapacidad y otros beneficiarios sin cobertura médica.

La investigación busca determinar si los procedimientos de compra fueron manipulados y si existieron beneficios indebidos para proveedores y funcionarios a partir de fondos públicos destinados a esas prestaciones.

Con nuevas indagatorias, documentación económica incorporada y medidas patrimoniales vigentes, la causa ANDIS entra en una etapa en la que la Justicia deberá profundizar el análisis de las contrataciones y establecer las responsabilidades individuales de los involucrados.