03/08/2026
Tras la finalización de la feria judicial de invierno, los tribunales federales reactivaron la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El fiscal Gerardo Pollicita trabaja en la intimación formal para que el exfuncionario justifique las inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas y en los ingresos de su entorno familiar.
El fiscal federal Gerardo Pollicita reanudó este lunes las actuaciones judiciales en los tribunales de Comodoro Py para confeccionar el requerimiento de justificación patrimonial contra el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en el Juzgado Federal N° 4. La reactivación de las medidas coincide con la unificación de nuevas denuncias por presunta falsedad ideológica, marcando una etapa crucial en la investigación sobre la evolución de sus bienes e inversiones financieras en la Argentina.
Con el fin del receso invernal en Comodoro Py, la fiscalía avanzó sobre las conclusiones de un exhaustivo informe contable elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI).
Entre los puntos observados por los investigadores se destacan compras de inmuebles, reformas en propiedades y movimientos financieros vinculados a la compra y venta de criptomonedas como Bitcoin. A partir de este diagnóstico pericial, el fiscal Pollicita alista la intimación formal para solicitar al juez Ariel Lijo que ordene al exfuncionario detallar de manera precisa el origen de los fondos cuestionados.

La causa principal involucra al ex vocero y ex jefe de Gabinete Manuel Adorni y a su cónyuge, Bettina Angeletti, como centro de la pesquisa sobre incremento patrimonial no justificado. En simultáneo, las autoridades judiciales decidieron unificar dentro del mismo expediente otras presentaciones recientes formuladas por legisladores y dirigentes políticos.
Al tratarse del mismo objeto procesal con diversos encuadres jurídicos -incluyendo posibles inconsistencias omisivas o falsedad en las declaraciones juradas obligatorias ante la Oficina Anticorrupción-, Comodoro Py concentrará la totalidad de los reclamos. Esta decisión busca unificar el criterio probatorio y evitar la dispersión de actuaciones sobre las finanzas del ex colaborador presidencial.
El requerimiento de justificación patrimonial constituye el paso previo indispensable contemplado por la ley para la figura de enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos antes de resolver un eventual llamado a declaración indagatoria.
Las declaraciones mediáticas previas sobre inversiones financieras en activos digitales no declarados en su momento forman parte de los elementos que la fiscalía buscará contrastar formalmente en el expediente. De la contundencia de las explicaciones y respaldos contables que presente la defensa dependerá si la Justicia determina el sobreseimiento o el avance hacia las citaciones a indagatoria en Comodoro Py.
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3 de agosto de 2026
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