Irregularidades en Villa Gesell: señalan a Gustavo Barrera por una obra paralizada y millonarios anticipos sin rendir

El bloque de concejales opositores del PRO presentó este lunes una dura denuncia pública e informe administrativo contra la gestión del intendente Gustavo Barrera en Villa Gesell, provincia de Buenos Aires, tras detectar graves irregularidades en la construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) local. La presentación acusa la entrega de anticipos financieros sin el posterior control ni rendición de cuentas, la parálisis total de los trabajos desde 2023 y la falta de intimación oportuna a la empresa adjudicataria, un cuadro que impacta de lleno en la política bonaerense y reaviva el debate sobre la transparencia en la obra pública municipal.

Qué pasó con la obra del Centro de Desarrollo Infantil en Villa Gesell y por qué genera polémica

La controversia tiene su origen en el proyecto para edificar el Centro de Desarrollo Infantil (CDI), una obra licitada en 2021 durante la gestión nacional de Alberto Fernández con un presupuesto oficial inicial superior a los 36 millones de pesos y adjudicada a la firma Mafra Construcciones S.A.S. El espacio estaba destinado a brindar atención integral a la primera infancia en el distrito balneario, incluyendo salas maternales, cocina, sanitarios y áreas recreativas.

Sin embargo, de acuerdo al relevamiento documental difundido por la bancada opositora, la ejecución de los trabajos comenzó a registrar severas demoras hasta quedar completamente paralizada en abril de 2023. Para esa fecha, el último certificado de avance registró apenas un 42,25% de la construcción terminada, dejando el edificio abandonado y expuesto al deterioro.

Quiénes están involucrados y el detalle de los anticipos millonarios sin rendir

El foco del expediente apunta a las decisiones de la administración encabezada por el intendente Gustavo Barrera y al accionar de la empresa contratista. Según consta en los informes oficiales de la Secretaría de Hacienda municipal citados en la denuncia, la comuna otorgó a la compañía un anticipo financiero cercano al 30% del monto contractual -equivalente a unos 10,8 millones de pesos de ese momento-.

A pesar del cese de las tareas por parte de la constructora, el municipio demoró varios meses en iniciar los trámites formales de intimación y rescisión de contrato. La situación se complicó aún más debido a inconsistencias en el domicilio legal declarado por la empresa, lo que obstaculizó las legalizaciones administrativas. Al sumar los anticipos no devueltos y los intereses acumulados, la deuda calculada de la firma con las arcas geselinas supera holgadamente los 21 millones de pesos.

El impacto político en la Costa Atlántica y los antecedentes de la gestión municipal

El destape de este expediente suma una nueva complicación a la gestión de Gustavo Barrera en la Costa Atlántica, en un contexto signado por crecientes tensiones con la oposición en el Concejo Deliberante, reclamos por la rendición de cuentas del presupuesto y cuestionamientos a la fiscalización de obras en el distrito. Mientras los concejales del PRO anticiparon que solicitarán nuevas auditorías y pedidos de informes para determinar si existieron omisiones o incumplimientos de deberes de funcionario público, el Ejecutivo local busca ejecutar las garantías contractuales e iniciar acciones judiciales para intentar recuperar los fondos públicos.