El gobernador Axel Kicillof quedó en el centro de una fuerte controversia este miércoles tras la confirmación de su negligencia en la entrega de viviendas sociales inhabitables en Chivilcoy, ignorando las advertencias previas enviadas por los propios adjudicatarios. Dos documentos oficiales probaron que el funcionario conocía el estado de las casas desde 2025, aunque las familias víctimas siguen esperando una respuesta.

La ceremonia de entrega, presentada como un hito de la gestión pública provincial, derivó en un escándalo vecinal al constatarse que los inmuebles carecen de conexiones domiciliarias de agua potable, electricidad y cloacas, además de presentar severas fallas de infraestructura. El caso expone una grave negligencia en la fiscalización de la obra pública bonaerense y suma un duro desgaste político a la administración provincial ante la falta de soluciones concretas para las familias vulneradas.

¿Qué pasó con la entrega de viviendas de Axel Kicillof?

La polémica estalló tras la solicitud de informe de la defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, la cual reveló que los vecinos realizaron presentaciones ante el Instituto de la Vivienda en agosto y octubre del año pasado. Sin embargo, ambas fueron incorporadas a un expediente provincial, el cual fue llamado "estado de inhabitabilidad".

Lo que profundiza el malestar social es que la gestión provincial había sido notificada con anterioridad sobre estas deficiencias. Representantes vecinales elevaron notas e informes técnicos al Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense advirtiendo sobre el estado de las construcciones, pero el Ejecutivo decidió avanzar con la agenda de inauguraciones y el corte de cintas sin solucionar los reclamos de fondo.

La respuesta de las viviendas sin terminar en la provincia de Buenos Aires

Luego del "sorpresivo" estado de las casas, la defensoría pidió que se remita un informe con los defectos y las respectivas quejas. Aún así, el documento no contenía una intimación para reparar las viviendas.

El caso generó un de inmediato un temblor político en la Legislatura bonaerense, donde bloques opositores preparan pedidos de informes para exigir explicaciones a los funcionarios responsables y solicitar auditorías externas sobre las empresas contratistas que ejecutaron la urbanización. La denuncia deja al descubierto serias dudas sobre los controles de calidad en la certificación de obras públicas financiadas con fondos de los contribuyentes.

A nivel político e institucional, la crisis afecta el discurso del Gobernador respecto a la centralidad del Estado en la respuesta a las necesidades sociales. Guido Lorenzino, defensor del Publo Bonaerense desde 2016 hasta fines de 2026, es uno de los señalados por esta negligencia.

Diez denuncias y cuatro expedientes

La documentación demostró más de diez denuncias realizadas ante el Instituto de la Vivienda, sumadas a cuatro expedientes y dos presentaciones ante la defensoría del Pueblo. Esto confirmó la existencia del expediente provincial 2025-30494116, la queja 8817/26 iniciada en la defensoría y el expediente 1695-H tramitado en el Concejo Deliberante.

Queda pendiente conocer el contenido completo de las demás actuaciones. El gobernador Axel Kicillof, la ministra Silvina Batakis, Diego Menéndez, Hernán Ralinqueo, Guido Lorenzino y la delegación local de la defensoría ya no pueden alegar desconocimiento. Los reclamos tienen fechas, números de expediente y constancias oficiales.