AySA: Caputo fijó la fecha límite para concretar la venta

La privatización de AySA ingresó en su etapa final después de que el gobierno de Javier Milei adjudicara la venta del 90% de las acciones de la empresa encargada del suministro de agua potable y del servicio de cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La decisión quedó oficializada este jueves 22 de octubre mediante la Resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo. El Estado nacional recibirá US$340,2 millones por su participación accionaria, mientras que el 10% restante continuará en manos de los trabajadores.

El contrato deberá firmarse a más tardar el 13 de noviembre de 2026, fecha que marca un nuevo paso hacia el traspaso de la compañía al sector privado.

La decisión llega en medio de cuestionamientos del gobierno bonaerense, que anticipó su participación en una audiencia pública por posibles aumentos tarifarios y reclamó garantías sobre las obras de expansión del servicio.

Quiénes compraron AySA y cuánto pagarán por las acciones

El Ministerio de Economía adjudicó la licitación al consorcio integrado por Rowing S.A., Arcos Saneamento e Participações S.A., PHX AQUA AR B.V. y Transclor S.A., que presentó una oferta de US$340,2 millones sin IVA. El grupo quedó primero en el orden de mérito y superó a la propuesta encabezada por Roggio Roas S.A.U., junto con otras cuatro compañías, que ofreció US$285 millones. La diferencia entre ambas ofertas fue de US$55,2 millones. Según la resolución oficial, la Comisión de Evaluación recomendó adjudicar la operación al consorcio que presentó la oferta más elevada y no se registraron impugnaciones durante el plazo previsto. La venta comprende 135.000 acciones ordinarias Clase A, con un valor nominal de $1.000 cada una, representativas del 90% del capital social y de los votos de AySA. Ese valor nominal no debe confundirse con el precio total de la operación, establecido en dólares.

Cuándo se firmará el contrato y qué falta para privatizar AySA

La Resolución 1818/2026 estableció el 13 de noviembre como fecha límite para suscribir el contrato de compraventa. Antes de ese plazo, las empresas adjudicatarias deberán constituir una sociedad argentina que actuará como operador estratégico y tendrá a su cargo la participación adquirida. El Ministerio de Economía también instruyó a la Tesorería General de la Nación para que informe al consorcio la cuenta bancaria en la que deberá transferir el dinero correspondiente. De esta manera, el procedimiento pasó de la evaluación de ofertas a la adjudicación formal, pero la transferencia todavía no se encuentra concluida. La privatización había sido autorizada mediante el Decreto 494/2025, en el marco de la Ley Bases, y avanzó durante 2026 con una licitación pública nacional e internacional. Una vez cumplidas las condiciones previstas y firmado el contrato, se concretará el cambio de control de la compañía.

Las tarifas de AySA podrían aumentar para el 60% de los usuarios

La adjudicación se conoció pocos días antes de una audiencia pública convocada para el lunes 26 de octubre, donde se analizará una propuesta de modificación de los coeficientes zonales utilizados para calcular las facturas de agua y cloacas. La iniciativa, presentada por AySA ante el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), contempla cambios que podrían generar aumentos para aproximadamente el 60% de los usuarios residenciales. Otro 20% mantendría sus facturas sin modificaciones, mientras que el 20% restante podría registrar reducciones. Entre los hogares alcanzados por las subas, el incremento promedio estimado ronda el 22,6%, aunque la empresa planteó una aplicación gradual, con aumentos mensuales limitados al 5%. También se propone modificar el precio del servicio de cloacas en determinados sectores de la Ciudad de Buenos Aires. La audiencia será virtual y comenzará a las 10. Los cambios todavía no están aprobados y deberán atravesar el procedimiento regulatorio correspondiente.

La Provincia de Buenos Aires cuestiona la venta y reclama obras

El gobierno de Axel Kicillof manifestó su rechazo a la privatización y anunció que participará de la audiencia pública para cuestionar los aumentos tarifarios. El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, sostuvo que la medida podría comprometer la ampliación de las redes de agua y cloacas en el conurbano. El funcionario advirtió que el cambio de gestión no garantiza por sí mismo la ejecución de nuevas obras y reclamó compromisos concretos de inversión. También cuestionó la reducción de la infraestructura financiada por Nación y aseguró que, desde diciembre de 2023, la inversión real en obras de AySA cayó un 75%. Según los datos difundidos por la Provincia, cerca de 3,7 millones de habitantes del AMBA no cuentan con acceso a agua de red y alrededor de 5,5 millones carecen de conexión cloacal. Estas cifras reflejan la importancia de la expansión del servicio, especialmente en los barrios que todavía dependen de soluciones individuales o redes insuficientes.

Qué inversiones deberá realizar el nuevo operador de AySA

El Gobierno nacional sostiene que la privatización permitirá incorporar financiamiento privado para ampliar y mejorar la infraestructura de agua potable y saneamiento. El nuevo esquema contempla un Plan de Acción 2027-2031 por $2,89 billones, calculados a valores de diciembre de 2025 y sin IVA, que incluye obras, mantenimiento, mejoras operativas y gastos de funcionamiento. De ese total, aproximadamente $1,13 billones corresponden a obras y otros $1,15 billones a mantenimiento. También se establecieron metas de cobertura: para 2031, el servicio deberá alcanzar al 75,3% de la población contemplada en el área de agua potable y al 63,9% en cloacas. Al finalizar el período inicial de concesión, de 30 años, esos porcentajes deberán llegar como mínimo al 90% y al 75%, respectivamente. Desde Economía señalaron que el cumplimiento será supervisado por el ERAS y que el contrato contempla mecanismos de control y sanciones ante incumplimientos.

La adjudicación del paquete accionario representa uno de los pasos más importantes del proceso de privatización de AySA, aunque todavía resta concretar la firma del contrato y la transferencia del dinero.

Mientras el Gobierno nacional sostiene que la incorporación de un operador privado permitirá mejorar la eficiencia y ampliar las inversiones, la Provincia reclama garantías sobre la continuidad de las obras y cuestiona los cambios tarifarios que se encuentran en discusión.

El 26 de octubre será una fecha clave para el debate sobre las facturas, mientras que el 13 de noviembre marcará el plazo establecido para cerrar la compraventa. El impacto definitivo sobre los usuarios y las obras dependerá de las decisiones regulatorias y del cumplimiento de las obligaciones previstas para el futuro operador.