Argentina rompió su propio récord de presos

El mapa carcelario argentino cerró 2024 con un récord que expone un crecimiento sostenido del encarcelamiento que supera largamente la capacidad real del sistema. Nunca hubo tantos presos como en esta estadística.

Al finalizar el año, 121.443 personas se encontraban detenidas en unidades penitenciarias del país. La cifra equivale a una tasa de 258 presos cada 100.000 habitantes, el registro más alto desde que existen mediciones consolidadas. El aumento interanual fue del 7,1%, por encima del promedio histórico de las últimas dos décadas, que ronda el 6% anual, con la pandemia de Covid-19 como única excepción.

Córdoba encabeza el ranking nacional con una tasa cercana a los 377 detenidos cada 100.000 habitantes. Le siguen Mendoza (308), la provincia de Buenos Aires (305), y luego Santa Fe y Salta, ambas por encima del promedio nacional. En estos distritos, la expansión del encarcelamiento avanza a un ritmo mayor que la capacidad de respuesta estatal.

El crecimiento numérico convive con otro problema persistente: la sobrepoblación. Según el informe, las cárceles funcionan al 130,2% de su capacidad. En términos prácticos, por cada 100 plazas disponibles hay 130 personas alojadas. Durante 2024, varias provincias inauguraron nuevas unidades o ampliaron las existentes, pero el alivio fue limitado. Buena parte de las nuevas plazas se utilizó para trasladar detenidos que permanecían en comisarías, sin reducir el hacinamiento estructural.

Los delitos contra la propiedad concentran el mayor porcentaje de personas privadas de la libertad (36,4%), seguidos por los delitos contra las personas (21,7%) y contra la integridad sexual (20,5%). El informe subraya que buena parte del encarcelamiento está vinculado a contextos de vulnerabilidad social y presenta impactos diferenciados según género, especialmente en causas relacionadas con estupefacientes.

Otro dato relevante es el peso de las penas breves. El 17% de la población condenada cumple sanciones de hasta tres años de prisión. Se trata de casi 13.000 personas detenidas por delitos de baja lesividad, como hurtos, robos simples, estafas o lesiones, que en muchos casos podrían tramitarse con medidas alternativas al encierro.

Por último, el informe identifica 256 personas detenidas bajo medidas de seguridad por motivos de salud mental. Aunque representan una proporción mínima del total, el CNPT alerta sobre la especial vulnerabilidad de estos casos y el impacto negativo que el hacinamiento tiene sobre su tratamiento y sus derechos.