Allanaron al jefe del Servicio Penitenciario Federal por el escándalo de la comida en las cárceles

La justicia federal dio un golpe de timón en la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en el suministro de alimentos para los presos del penal de Ezeiza. El juez Federico Villena ordenó el allanamiento de las oficinas de Fernando Martínez, director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), bajo la sospecha de beneficiar a empresas proveedoras de comida en mal estado.

El procedimiento, realizado el pasado viernes, tuvo un inicio accidentado que generó sospechas inmediatas entre los funcionarios judiciales. Al momento de entregar sus dispositivos electrónicos, Martínez entregó un teléfono móvil que no era el de uso habitual. Alegó que su dispositivo personal se le había "extraviado" esa misma mañana.

Sin embargo, el rastreo de antenas solicitado por la justicia contradijo su versión: el peritaje determinó que el celular "perdido" había tenido actividad apenas una hora antes del inicio del allanamiento en la zona de Barracas.

Investigan una red de "cartelización" en las licitaciones de alimentos. El director Fernando Martínez alegó haber perdido su celular justo antes del operativo, lo que levantó sospechas de una filtración.

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La investigación busca desentrañar una estructura de cartelización en las licitaciones. Se sospecha que existía una red de complicidades diseñada para: Beneficiar a firmas específicas en los procesos de licitación. Aceptar raciones deficientes y alimentos que no cumplían con los estándares mínimos de salubridad. Ignorar denuncias sobre la entrega de comida no apta para el consumo humano en las cárceles federales.

Fernando Martínez, quien asumió la dirección del SPF en 2024, queda ahora en una situación sumamente comprometida. Además de la sospecha por el manejo de fondos públicos y las condiciones de detención de los internos, se suma la posible comisión del delito de encubrimiento o entorpecimiento de la justicia tras la extraña desaparición de su teléfono.

La fiscalía continuará analizando los documentos secuestrados en las oficinas centrales del servicio para determinar si existen vínculos directos entre el director y los dueños de las empresas proveedoras señaladas.