11/03/2026
La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada (AIEPA) denunció una crisis terminal por el atraso en las cuotas, la caída de la matrícula y la nueva presión de las tasas municipales.
El sistema de educación de gestión privada en la provincia de Buenos Aires, que sostiene a casi el 30% de los alumnos del distrito, se encuentra en una situación de vulnerabilidad extrema. A través de un duro comunicado, la entidad nacional AIEPA, junto a su brazo bonaerense (AIEPBA), advirtió que la combinación de inflación, presión impositiva y regulaciones arancelarias está empujando a muchas instituciones al borde del cierre.
Uno de los puntos de mayor fricción actual es la aplicación de nuevas tasas municipales en diversos distritos. Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPBA, explicó que una escuela no puede compararse con un pequeño comercio, ya que funciona como una PyME de gran envergadura que emplea, en promedio, entre 60 y 120 personas.

La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada (AIEPA) denunció una crisis terminal por el atraso en las cuotas, la caída de la matrícula y la nueva presión de las tasas municipales.
Según las proyecciones del sector, una institución de tamaño intermedio podría enfrentar gravámenes locales de entre $1,5 y $2 millones mensuales. Esto representa un costo extra superior a los $20 millones anuales, una cifra que Zurita calificó como "inexplicable" dada la realidad económica actual.
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La trampa de las paritarias sin actualización de cuotas
El conflicto se agrava por el desfasaje entre los costos laborales y los ingresos de los colegios. Si bien el sector no se opone a la mejora salarial del 9% en tres tramos otorgada por el Gobierno bonaerense, denuncian que existe una "mordaza" para actualizar los aranceles.
"Las escuelas tienen que afrontar los incrementos en los sueldos, pero si no se autoriza un ajuste equivalente en las cuotas, se genera un bache financiero imposible de cubrir", sentenció el dirigente.
Un sector que contiene a 1,3 millones de alumnos Desde la cámara advirtieron que la incertidumbre no solo afecta a los propietarios, sino que pone en riesgo la estabilidad educativa de más de un millón de estudiantes
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