San Vicente: el Tribunal de Cuentas confirmó que Mantegazza no ejecutó $45 millones del Fondo Educativo

El Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires confirmó una serie de graves irregularidades administrativas y financieras en la Municipalidad de San Vicente correspondientes al ejercicio 2022. El fallo responsabiliza de manera directa al intendente Nicolás Mantegazza por la subejecución de fondos con destino específico, pagos irregulares y omisiones en los mecanismos de control interno, y ratifica sanciones económicas en su contra.

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FONDOS ESPECÍFICOS QUE NO FUERON EJECUTADOS

Uno de los ejes centrales de la resolución es la subejecución de recursos afectados por ley, es decir, fondos que debían destinarse obligatoriamente a fines determinados y que no fueron utilizados durante el año analizado. El Tribunal fue contundente al señalar que la normativa vigente exige porcentajes mínimos de ejecución que el Ejecutivo local no cumplió.

Entre los montos observados figura el desvío de $45.155.566,66 del Fondo Educativo, que debía aplicarse conforme a la Ley 15.310. A esto se suman $5.708.517,20 de la Contribución Ciudadana; $13.696.915,13 del Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales; $5.606.980,69 del Fondo FPS para tratamiento de residuos; y $4.172.432,09 del programa nacional Sembrar, todos sin ejecución durante el ejercicio 2022.

Los desvíos superan los 76 millones de pesos.

PAGOS SALARIALES IRREGULARES Y FALTA DE APORTES

El fallo también cuestiona el pago de sumas no remunerativas y no bonificables al personal municipal y del Honorable Concejo Deliberante de San Vicente, sin que se hayan realizado los aportes correspondientes a los organismos previsionales y de salud.

Entre los conceptos observados se encuentran pagos por guardias pasivas al personal de la Dirección de Sistemas y un premio por asistencia y puntualidad otorgado al personal del Concejo Deliberante. El Tribunal sostuvo que, al tratarse de sumas habituales, correspondía realizar aportes al Instituto de Previsión Social y al IOMA, algo que no fue acreditado. Por estas irregularidades también quedaron alcanzados el presidente del HCD, la contadora municipal y la directora de Recursos Humanos.

ROBOS EN EL DEPÓSITO MUNICIPAL SIN INVESTIGACIÓN

Otro punto crítico del fallo refiere a la ausencia de sumarios administrativos tras robos ocurridos en el depósito municipal, donde se encontraban vehículos y autopartes secuestradas bajo custodia del Estado local. En al menos tres casos, el municipio debió afrontar indemnizaciones económicas.

Se pagaron $290.000 por el robo de una motocicleta, $158.400 por otro motovehículo sustraído y $140.440 por el robo de cubiertas de un automóvil. En ninguno de los expedientes se iniciaron investigaciones internas para determinar responsabilidades, pese a que el municipio actuaba como depositario de los bienes, lo que el Tribunal consideró una grave falla en los controles y un perjuicio directo para las arcas públicas.

RESPONSABILIDADES Y SANCIONES CONFIRMADAS

El Tribunal de Cuentas fue explícito al atribuir responsabilidad directa al intendente Mantegazza, en su carácter de máxima autoridad administrativa, responsable de la correcta ejecución presupuestaria y de ordenar las investigaciones internas correspondientes.

Como consecuencia, se confirmó la multa de $350.000 contra el jefe comunal y se ratificó la sanción de $180.000 contra la contadora municipal Cynthia Cardozo. Ambas penalidades quedaron firmes tras el rechazo del recurso de revisión presentado por los funcionarios, quienes deberán depositar los montos en la cuenta fiscal del organismo de control.

El Tribunal de Cuentas fue explícito al atribuir responsabilidad directa al intendente Mantegazza.

UN FALLO QUE EXPONE FALLAS ESTRUCTURALES

Lejos de tratarse de errores administrativos aislados, la resolución describe un patrón de incumplimientos reiterados: fondos sensibles sin ejecutar, opacidad en el manejo del personal y ausencia de controles ante hechos que generaron perjuicios económicos al municipio.

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El fallo abre interrogantes políticos de fondo sobre la gestión local: por qué no se ejecutaron recursos destinados a educación, asistencia social y ambiente; por qué no se investigaron internamente hechos que costaron millones a los vecinos; y quiénes se beneficiaron de una desidia administrativa que ahora quedó formalmente acreditada por el máximo órgano de control provincial.