04/09/2025
Con un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno autorizó a las paradas de diarios a diversificar su actividad y prestar servicios postales. Además, eliminó el registro obligatorio de vendedores y distribuidores vigente desde hace más de 20 años.
El Gobierno nacional habilitó a los puestos de diarios a ofrecer nuevos servicios, entre ellos casillas de correo, entregas de correspondencia y productos de comercio electrónico. La medida fue oficializada a través del Decreto 629/2025, firmado por el presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Según la normativa, los canillitas podrán registrarse como operadores postales ante el Enacom o bien asociarse con empresas ya autorizadas, en un esquema que busca abrir el mercado y fomentar la competencia.
LOS ARGUMENTOS DEL GOBIERNO
El Decreto 629/2025 determina que las paradas de diarios podrán prestar el servicio de casilla de correo tras registrarse como operadores postales ante el Enacom. También se habilita la posibilidad de realizar entregas de correspondencia general, productos de comercio electrónico y papelería.
La medida incluye la disolución del Registro Nacional de Vendedores y Distribuidores de Diarios y Revistas, creado hace más de dos décadas bajo el Decreto N°1.025/00. Según el Gobierno, este marco regulatorio se había vuelto "innecesario, obsoleto y limitante" frente a los cambios en el sector.
Algunos puestos fueron reconvertidos a cafeterías en los últimos meses.
El Ejecutivo recordó que el Decreto N°1.005/24 ya había desregulado varios aspectos de la actividad postal. En ese marco, la decisión de ahora busca permitir que los vendedores de diarios y revistas puedan sumarse a un esquema más amplio de operadores postales.El Poder Ejecutivo remarcó que la venta y distribución deben quedar libres de restricciones estatales. "Esta gestión lleva adelante diversas medidas tendientes a eliminar limitaciones al comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional", se señala en el texto.
Asimismo, el decreto subraya la importancia de garantizar la libre competencia, la igualdad ante la ley y la libre circulación de bienes, servicios y trabajo, con la intención de incentivar un mercado más abierto.
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