22/08/2025
Tras los allanamientos por el escándalo de corrupción en Discapacidad, la Justicia prohibió salir del país al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y a los responsables del laboratorio Suizo Argentina, donde hallaron millones en efectivo y pagos millonarios sospechosos.
El juez federal Sebastián Casanello ordenó la prohibición de salida del país para el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y para los principales responsables del laboratorio Suizo Argentina, en el marco de la investigación por presuntas maniobras de corrupción. La medida alcanza a Emmanuel, Jonathan y Eduardo Kovalivker, quienes figuran como directivos de la empresa.
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La decisión judicial se dio tras una serie de allanamientos que dejaron al descubierto pruebas clave: se secuestraron teléfonos celulares, documentación con pagos multimillonarios a la droguería y una máquina de contar billetes. Además, durante un operativo en Nordelta, la policía interceptó a Emmanuel Kovalivker con 266 mil dólares, 7 millones de pesos en efectivo, anotaciones vinculadas a la causa y su pasaporte.
En otra dependencia de la ANDIS, ubicada en la calle Ramsay, los investigadores encontraron una hoja de pagos a Suizo Argentina por 10.828 millones de pesos, una cifra que refuerza las sospechas sobre el vínculo entre la agencia estatal y la empresa proveedora de medicamentos.
El clan Kovalivker, en el ojo de la tormenta.
El expediente se originó a partir de una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón, tras la filtración de audios en los que se escucha a Spagnuolo hablar de supuestos "retornos" que, según se menciona, habrían llegado hasta funcionarios de primera línea como Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem. En esos mismos audios, incluso, se hace referencia a que el presidente Javier Milei habría estado al tanto de la situación.
Aunque por el momento no hubo pedidos de detención, Dalbón exigió la inmediata prisión preventiva de Spagnuolo y de los directivos del laboratorio, al sostener que cuentan con "recursos económicos, contactos políticos e información privilegiada" que podrían poner en riesgo la investigación.
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El fiscal Franco Picardi, que tiene delegada la causa, explicó que los allanamientos se realizaron con el objetivo de "resguardar la prueba" y que la pesquisa continuará en Comodoro Py. Mientras tanto, el escándalo sigue sacudiendo al Gobierno: desde la Casa Rosada no hubo explicaciones oficiales sobre los audios, y Spagnuolo tampoco aclaró si las grabaciones que lo involucran son auténticas.
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