Venta de AySA en el Conurbano: presentaron amparos judiciales por una tasación reservada y el posible impacto tarifario

Un colectivo de intendentes del Conurbano y legisladores de la provincia de Buenos Aires presentaron este miércoles 14 de octubre una serie de amparos judiciales ante los Tribunales Federales para suspender el proceso de venta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) impulsado por el Gobierno nacional en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Las presentaciones judiciales impugnan la existencia de un informe de tasación reservada sobre los activos de la compañía estatal y denuncian que la concesión al sector privado provocará aumentos de tarifas insostenibles para millones de usuarios. La embestida judicial adquiere una trascendencia política, económica y social decisiva en la República Argentina, al profundizar la disputa entre la gestión bonaerense y el Poder Ejecutivo Nacional por el control de la infraestructura sanitaria y la regulación de los servicios públicos esenciales.

Qué pasó con la venta de AySA y por qué genera polémica la tasación reservada

La controversia escaló tras la filtración de que los pliegos de privatización elaborados por el Ministerio de Economía de la Nación contemplan informes patrimoniales bajo condición de confidencialidad reservada. Desde el oficialismo provincial y los municipios del Gran Buenos Aires sostienen que la valuación asignada a la empresa pública subestima el valor real de las plantas potabilizadoras, las estaciones de bombeo y los miles de kilómetros de redes de agua y cloacas desplegados en el territorio bonaerense.

Asimismo, los recursos presentados ante el fuero contencioso administrativo advierten que el pliego de venta habilita la quita total de los subsidios estatales y el replanteo de los cuadros tarifarios sin previa audiencia pública regional. Esta situación encendió las alarmas en las comunas del Conurbano, donde estiman que las boletas mensuales del servicio de agua y saneamiento podrían sufrir incrementos exponenciales a partir de la toma de control del nuevo operador privado.

Quiénes están involucrados en la embestida judicial por la privatización sanitaria

La contienda legal y política por el futuro de la prestadora hídrica compromete a referentes de todos los estamentos del Estado en la Argentina:

• Los intendentes del Conurbano y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires: Promotores de las acciones de amparo para exigir el acceso a los informes de tasación y garantizar la continuidad de las obras presupuestadas.

• El Ministerio de Economía de la Nación y la Agencia de Administración de Bines del Estado (AABE): Organismos nacionales a cargo de ejecutar el esquema de privatizaciones y defender el pliego licitatorio.

• Los Juzgados Contencioso Administrativo Federales: Tribunales que deberán resolver si dictan la medida cautelar de no innovar para paralizar el cronograma de adjudicación en la provincia de Buenos Aires.

El impacto político y las consecuencias económicas de los amparos en la provincia de Buenos Aires

El contraataque judicial de los jefes territoriales reorganiza el tablero político en la provincia de Buenos Aires, unificando el reclamo de los distritos de la primera y tercera sección electoral contra el programa de desregulaciones del Estado nacional. La falta de participación acordada de los municipios en el ente regulador abre un escenario de veto cruzado que amenaza con trabar operativamente la fiscalización del servicio en las avenidas y barrios del Conurbano.

En el aspecto económico, la posible paralización del proceso por vía judicial genera incertidumbre entre los grupos inversores internacionales que evaluaban participar del pliego licitatorio, en tanto que una resolución favorable a los intendentes frenaría de manera temporal los ajustes tarifarios proyectados para los hogares y comercios bonaerenses.

Antecedentes de la privatización de AySA y el conflicto por el agua en Argentina

La empresa AySA fue reestatizada en el año 2006 tras la rescisión del contrato con la antigua concesionaria Aguas Argentinas, debido a incumplimientos en los planes de inversión y expansión de la red de agua potable. Desde entonces, el sostenimiento operativo y la ampliación de la cobertura en el Gran Buenos Aires dependieron fuertemente de las partidas transferidas desde el Tesoro Nacional.

Con los amparos colectivos formalizados en los tribunales en las últimas horas, la disputa ingresa en una fase de resolución cautelar donde los magistrados federales evaluarán si la reserva de los informes patrimoniales y la falta de participación municipal vulneran los derechos de los usuarios y las garantías constitucionales en la República Argentina.