"Tengo $10.000": la primera denuncia de jubilados a los que les cobran para atenderse en clínicas de zona sur

Hay historias que se cuentan con estadísticas. Y hay otras que se cuentan con diez billetes. Esta empieza en una clínica de la zona sur del Gran Buenos Aires. Un jubilado necesita hacerse una tomografía. Tiene la indicación médica. Tiene su cobertura. Tiene la necesidad de hacerse el estudio. Lo que no tiene son $45.000. Ese es el monto que, según la denuncia recibida por El Bonaerense, le reclaman para realizarle el estudio. El hombre responde lo que puede responder alguien que vive con una jubilación que apenas alcanza para sobrevivir: No tengo la plata.

Entonces llega una pregunta que resume una parte brutal de la Argentina de estos días: ¿Cuánto tiene? El jubilado cuenta el dinero que lleva encima. Tiene $10.000. Bueno, deme eso. Y ahí termina la discusión. No hubo una negociación de aranceles. No hubo una explicación sobre una cobertura. No hubo una solución institucional. Hubo diez mil pesos. Y un jubilado que necesitaba una tomografía.

Este medio accedió a un testimonio que denuncia cobros en efectivo a jubilados en clínicas de la zona sur, tanto por consultas como por determinadas prácticas y cirugías.

Según el relato, cuando el paciente abona en efectivo recibe un comprobante que consiste en un simple recibo, sin que en el caso denunciado aparezcan firma u otros elementos que permitan identificar claramente quién recibió el dinero. El Bonaerense presenta esta denuncia como un primer caso que merece ser investigado, no como una afirmación de que todas las clínicas ni todos los prestadores actúen de esa manera.

La diferencia es importante. Porque una cosa es denunciar una situación concreta. Y otra muy distinta es generalizarla. Pero también sería un error mirar para otro lado. Porque detrás de esos $10.000 hay una pregunta mucho más grande:

La Argentina suele discutir la economía desde números que parecen lejanos. Inflación. Déficit. Poder adquisitivo. Jubilaciones. Gasto público. Presupuesto. Pero la crisis también tiene otra unidad de medida. Una tomografía. Y tiene otra. $45.000. Y otra todavía más pequeña. $10.000. Esos diez mil pesos son los que aparecen cuando una persona mayor necesita atención médica y no puede pagar el monto que le reclaman. Son los mismos diez mil pesos que después faltan para comprar medicamentos.

Para completar la comida. Para pagar el transporte. Para llegar a fin de mes. Por eso esta historia no habla solamente de salud. Habla de pobreza. Habla de vejez. Habla de dignidad. Y habla de un sistema en el que el jubilado muchas veces queda atrapado entre las necesidades del prestador, las dificultades del sistema sanitario y una billetera que ya no aguanta otra exigencia.

Hay algo particularmente cruel en la situación. El jubilado puede esperar para casi todo. Puede esperar una mejora de sus haberes. Puede esperar un turno. Puede esperar una respuesta administrativa. Puede esperar que bajen los medicamentos. Puede esperar que aumente el bono. Puede esperar que alguien discuta su situación. Pero hay algo para lo que no siempre puede esperar: una enfermedad.

Una tomografía no se hace porque sobra dinero. Se hace porque un médico la indicó. Una cirugía no aparece en la agenda porque alguien decidió darse un gusto. Aparece porque existe un problema de salud. Y cuando el paciente tiene 70, 75 u 80 años, muchas veces tampoco tiene capacidad para salir a buscar otra alternativa. Por eso la discusión sobre los cobros adicionales tiene una dimensión social que excede ampliamente el mostrador de una clínica.

El problema tampoco es completamente desconocido para el sistema. PAMI cuenta con mecanismos específicos para denunciar a prestadores que intenten cobrar sumas adicionales a sus afiliados. La propia Unidad Fiscal de Investigaciones de PAMI incluye entre los hechos denunciables los casos de cobro de plus a afiliados. Y el organismo informó en 2026 que sus auditorías habían derivado en la baja de más de 1.500 prestadores por diferentes irregularidades, entre ellas cobros indebidos a afiliados y prestaciones inexistentes.

Es decir, el problema existe dentro de los propios registros del organismo. La discusión ahora es otra: ¿Cuántos jubilados pagan y nunca denuncian?

Hay una razón sencilla. Cuando una persona necesita una tomografía, una consulta o una cirugía, no siempre tiene margen para discutir. Tiene miedo. Tiene dolor. Tiene una orden médica. Tiene un familiar esperando. Tiene una enfermedad que necesita ser atendida. Y enfrente tiene una persona que le dice cuánto cuesta.

¿Qué hace? Muchas veces paga. Y si no puede pagar, entrega lo que tiene. Así de simple.

Así de brutal. La escena de los $45.000 y los $10.000 tiene precisamente esa potencia: no hace falta explicar demasiado la pobreza cuando alguien pregunta cuánto tenés en el bolsillo antes de hacerte un estudio médico.

El comprobante entregado al paciente es otro de los elementos que deberán ser analizados. Según la denuncia recibida por este medio, cuando el pago se realiza en efectivo se entrega un recibo que no aparece firmado. Eso abre una serie de interrogantes que deberán ser respondidos por el establecimiento involucrado y, eventualmente, por los organismos de control. ¿Qué concepto se está cobrando? ¿Está contemplado en el convenio correspondiente? ¿Quién está autorizado a percibir ese dinero? ¿Se factura? ¿Se registra? ¿El paciente que no puede pagar recibe igualmente la prestación? ¿Puede una persona con cobertura ser obligada a entregar dinero en efectivo para acceder a un estudio? Son preguntas concretas. No necesitan una bandera política. Necesitan respuestas.

En los últimos años, el deterioro del poder adquisitivo de los jubilados se convirtió en una de las caras más sensibles de la crisis argentina. El haber mínimo de septiembre de 2026 es de $428.633,27, mientras que con el bono extraordinario de $70.000 alcanza los $498.633,27.

En otras palabras: para quien cobra la mínima, los $45.000 de una práctica equivalen a aproximadamente 9% del ingreso mensual incluyendo el bono. Pero la cuenta real es todavía más dura. Ese jubilado no vive solamente de salud. Come. Compra medicamentos. Paga servicios. Viaja. Paga alquiler o ayuda en su casa. Y muchas veces también sostiene económicamente a hijos o nietos. Por eso los $45.000 no son simplemente $45.000.

Son casi una décima parte del ingreso mensual de una persona que cobra la mínima. Y los $10.000 tampoco son "poca plata". Son el dinero que esa persona tenía encima.

La historia podría terminar con esos diez mil pesos. El jubilado entrega el dinero. Le hacen el estudio. Se lleva el recibo. Y vuelve a su casa. Pero ahí aparece la pregunta que debería incomodar a todos: ¿Cuántos jubilados están haciendo exactamente lo mismo? ¿Cuántos tienen que abrir la billetera para conseguir una atención que creían cubierta? ¿Cuántos pagan porque pueden? ¿Cuántos pagan porque no les queda otra? ¿Y cuántos directamente dejan de atenderse porque no tienen ni $10.000?

Ese último grupo es el que probablemente nunca aparezca en una estadística. Porque no reclama. No denuncia. No deja recibo. Simplemente no se hace el estudio.

La discusión política argentina suele tener una enorme capacidad para encontrar grandes enemigos. El Gobierno culpa a la herencia. La oposición cuestiona al Gobierno. Los prestadores hablan de costos. Las obras sociales hablan de financiamiento. Los médicos hablan de honorarios. Los funcionarios hablan de auditorías. Pero en el medio hay una persona. Un jubilado. Y cuando ese jubilado llega a una clínica con una orden médica, puede encontrarse con una cifra que no puede pagar. Entonces ocurre la escena más pequeña y más reveladora de todas.

-Son $45.000.

-No tengo.

-¿Cuánto tiene?

-$10.000.

-Bueno, deme eso.

La crisis argentina, a veces, cabe entera en una conversación de tres frases.

Esta es la primera denuncia que publica El Bonaerense sobre esta situación. No alcanza un solo testimonio para afirmar que exista un mecanismo generalizado. Pero sí alcanza para hacer preguntas. Y para pedir respuestas. Porque si existen cobros autorizados, deben explicarse. Si son prestaciones que deberían estar cubiertas, deben investigarse. Si existen recibos informales, deberán determinarse sus características y su validez.

Y si hay jubilados que están poniendo dinero de su bolsillo para acceder a prestaciones que creen tener cubiertas, el Estado tiene algo más importante que hacer que mirar hacia otro lado. Tiene que controlar. Mientras tanto, queda una imagen difícil de olvidar.

Un hombre mayor. Una orden médica. Una tomografía. $45.000 que no tiene. $10.000 que sí tiene. Y un recibo que se guarda en el bolsillo. Quizás porque en la Argentina de hoy hasta la salud tiene precio. Y para algunos jubilados, el problema ya no es cuánto cuesta enfermarse. El problema es cuánto cuesta poder demostrar que están enfermos.