Sur Finanzas: piden procesar a Vallejo y que siga preso

La causa Sur Finanzas sumó un nuevo capítulo judicial después de que la fiscal federal Cecilia Incardona solicitara el procesamiento de Ariel Vallejo, el financista vinculado con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y reclamara que continúe detenido bajo prisión preventiva.

El pedido fue presentado ante el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, mediante un dictamen de 249 páginas. La investigación apunta a una presunta estructura de lavado de activos que habría funcionado entre 2020 y 2025, mediante operaciones cambiarias, movimientos de dinero y empresas vinculadas al grupo financiero.

Por qué la Fiscalía pidió la prisión preventiva de Ariel Vallejo

La fiscal Cecilia Incardona solicitó que Ariel Vallejo permanezca detenido al considerar que existe riesgo de fuga y que el empresario incumplió las condiciones que le habían permitido atravesar parte del proceso judicial en libertad. Según el dictamen, el financista no se presentó mensualmente ante el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina, como estaba establecido, y tampoco residía en el domicilio que había declarado oficialmente. Además, los investigadores señalaron que no fue encontrado en una nueva dirección informada a la Justicia y que no entregó la totalidad de los vehículos cuyo secuestro había sido ordenado. Vallejo ya se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, luego de que el magistrado dispusiera su aprehensión para garantizar su declaración indagatoria. Ahora, la Fiscalía busca que esa situación se transforme en una prisión preventiva formal mientras continúa el expediente. El pedido deberá ser evaluado por el juez, que también tendrá que resolver si existen elementos suficientes para avanzar con el procesamiento.

Cómo habría funcionado la red de lavado de dinero de Sur Finanzas

La principal hipótesis de la acusación sostiene que Vallejo habría organizado una asociación ilícita para transformar fondos de origen irregular en patrimonio aparentemente legal. Según Incardona, entre 2020 y 2025 el empresario construyó un entramado de sociedades que operaban de manera coordinada y permitían movilizar dinero proveniente de distintas actividades investigadas. Entre ellas aparecen presuntas infracciones al régimen cambiario, intermediación financiera sin autorización, evasión tributaria y previsional y operaciones relacionadas con el juego clandestino. La investigación menciona especialmente a Centro de Inversiones Concordia S.R.L., una agencia de cambio adquirida por Vallejo junto con su madre, Graciela Beatriz Vallejo, y Silvia Torrado. De acuerdo con la Fiscalía, las ganancias obtenidas mediante operaciones cambiarias irregulares habrían sido utilizadas posteriormente para desarrollar Sur Finanzas Group S.A. y adquirir su sede central en Adrogué, partido de Almirante Brown. El escrito sostiene que las empresas compartían recursos y movimientos financieros que dificultaban identificar el origen de determinados fondos.

Las billeteras virtuales y la evasión millonaria bajo investigación

Otro de los puntos centrales del expediente es el funcionamiento de Sur Finanzas PSP S.A., una firma que surgió después de la adquisición de Neblockchain S.A., una empresa autorizada para prestar servicios de pago. Según la investigación, esa compañía habría funcionado como uno de los principales mecanismos de ingreso de dinero al circuito financiero mediante billeteras virtuales abiertas a nombre de personas que no contaban con capacidad económica para justificar determinados movimientos. La Fiscalía también identificó operaciones con efectivo transportado por camiones de caudales y depósitos realizados por empleados de las sociedades investigadas. A estas sospechas se suman presuntas maniobras de evasión impositiva y la retención de aportes previsionales de trabajadores que no habrían sido depositados ante los organismos correspondientes. El dictamen menciona una posible evasión del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios por $10.325.971.474,97, una cifra superior a los $10.325 millones. La acusación deberá ser evaluada judicialmente y las conductas investigadas todavía no constituyen hechos probados mediante una sentencia.

Qué otras personas y empresas están involucradas en la causa

El pedido de procesamiento no se limita al titular de Sur Finanzas. La fiscal solicitó que se avance sobre otras 14 personas y seis sociedades comerciales, a las que atribuye diferentes participaciones dentro de la presunta organización. Entre los señalados aparecen familiares del empresario, como su madre Graciela Beatriz Vallejo, y personas vinculadas con la administración y las operaciones financieras del grupo. También figuran Silvia Torrado, el contador Gerardo Salvador Carrozza y las hermanas María Fernanda y Bárbara Denise Sena Argis, además de otros integrantes de la estructura investigada. En cuanto a las compañías, el requerimiento comprende a Sur Finanzas Group S.A., Sur Finanzas PSP S.A., Centro de Inversiones Concordia S.R.L., Cluster Palace Beach S.A., Roma Inversiones S.A. y Gestiones San Miguel S.A. La fiscal pidió que se dispongan embargos sobre los bienes de los imputados para garantizar eventuales responsabilidades económicas derivadas de la causa. Estas medidas forman parte del requerimiento presentado al juez y todavía deben ser resueltas.

Qué vínculo tiene Sur Finanzas con la AFA y cómo sigue la causa

La investigación también genera repercusiones en el fútbol argentino por la relación comercial que Sur Finanzas mantuvo con la AFA y distintos clubes. Vallejo desarrolló vínculos con el presidente de la entidad, Claudio Chiqui Tapia, mientras que sus empresas participaron en acuerdos de patrocinio y operaciones de financiamiento con instituciones deportivas. Entre las transacciones examinadas aparecen descuentos de cheques y préstamos otorgados a clubes, cuyos términos y movimientos fueron incorporados al análisis de la Fiscalía. Sin embargo, la existencia de esos contratos no demuestra por sí sola que los dirigentes deportivos hayan participado en delitos. El requerimiento presentado por Incardona deberá ser estudiado por el juez Rodríguez Ponte, quien tendrá que definir la situación procesal de Vallejo, la continuidad de su detención y las medidas solicitadas contra los demás involucrados. Mientras tanto, el financista continúa privado de su libertad y la causa permanece abierta. El procesamiento, de ser dispuesto, tampoco equivaldría a una condena: la responsabilidad penal de los acusados deberá establecerse durante el desarrollo del proceso judicial.