Rutas bonaerenses: más peajes y reclamos por obras frenadas

Las rutas nacionales en Buenos Aires vuelven a quedar en el centro de la discusión política y económica. El Gobierno de Javier Milei avanzó con una nueva etapa de concesiones viales que permitirá incorporar más corredores a la administración privada mediante el cobro de peajes, mientras persisten los cuestionamientos por el estado de las rutas y la falta de mantenimiento.

La decisión fue formalizada mediante el Decreto 1358/2026, publicado este viernes 13 de noviembre en el Boletín Oficial, con las firmas del Presidente y del ministro de Economía, Luis Caputo. La normativa amplía la Red Federal de Concesiones y habilita la futura licitación de nuevos tramos que actualmente se encuentran bajo administración del Estado nacional.

La medida llega en un escenario de creciente preocupación en el interior bonaerense. Intendentes, productores agropecuarios, transportistas y vecinos reclaman la reactivación de obras, reparaciones urgentes y mayores garantías de seguridad vial. A esas demandas se suma la controversia por el destino de los recursos recaudados mediante impuestos destinados a la infraestructura.

Qué rutas nacionales de Buenos Aires tendrán nuevas concesiones

El nuevo esquema de concesiones de rutas nacionales contempla 27 corredores distribuidos en 16 provincias argentinas. En territorio bonaerense, la normativa incluye sectores de las rutas nacionales 3, 22, 33, 35 y 228, además del acceso A0017. Se trata de corredores importantes para la producción, el transporte de cargas, la circulación de pasajeros y la conexión entre diferentes municipios del interior. La Ruta 3, por ejemplo, atraviesa localidades como Las Flores, Azul, Tres Arroyos y Bahía Blanca, mientras que la 33 conecta importantes áreas agrícolas y productivas del sudoeste provincial. La Ruta 228 vincula Tres Arroyos con Necochea, y la 22 constituye una conexión estratégica entre el sur bonaerense y la Patagonia. Sin embargo, la publicación del decreto no significa que todos estos caminos comenzarán inmediatamente a cobrar nuevos peajes. La Secretaría de Transporte deberá definir cuáles serán los tramos específicos que se licitarán, luego de recibir informes técnicos de la Dirección Nacional de Vialidad. Además, los sectores que ya fueron concesionados en etapas anteriores quedarán excluidos de esta nueva convocatoria. El Ministerio de Economía contará con un plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigencia de la norma para convocar a licitaciones públicas nacionales e internacionales. El Gobierno sostiene que la participación privada permitirá mejorar el mantenimiento, ampliar la infraestructura y reducir los costos logísticos sin incrementar el gasto público destinado a estos corredores.

Rutas deterioradas y obras paralizadas: los reclamos del interior bonaerense

La ampliación de las concesiones se produce mientras numerosas rutas nacionales de Buenos Aires presentan problemas de mantenimiento que generan preocupación entre los usuarios. Uno de los casos más representativos es el de la Ruta Nacional 3, donde vecinos de Azul, Cacharí y Las Flores reclaman desde hace años la finalización de la autovía y la reparación de sectores deteriorados. La situación llegó a la Justicia, que ordenó al Estado nacional y a Corredores Viales adoptar medidas urgentes de seguridad en el tramo comprendido entre Azul y Cacharí. La resolución incluyó la señalización de sectores peligrosos y la ejecución de reparaciones provisorias para reducir riesgos. En Tres Arroyos, el intendente Pablo Garate también cuestionó el estado de las rutas 3 y 228 y reclamó alternativas para realizar intervenciones sobre los sectores más comprometidos. Otra de las principales preocupaciones se concentra en la Ruta Nacional 5, donde intendentes del interior exigen la continuidad de las obras de transformación en autovía. El jefe comunal de Carlos Casares, Daniel Stadnik, advirtió sobre la cantidad de siniestros registrados durante 2026 y remarcó la necesidad de mejorar las condiciones de circulación. Aunque la Ruta 5 no integra el nuevo listado de concesiones, su situación forma parte de una discusión más amplia sobre la conservación de los caminos nacionales. Los reclamos también alcanzan a productores agropecuarios que utilizan diariamente estas vías para trasladar mercadería y denuncian problemas de banquinas, señalización y calzadas.

Fondos viales bajo la lupa: qué pasó con el dinero para las rutas

Uno de los principales cuestionamientos a la política vial del Gobierno nacional está relacionado con la utilización de los fondos destinados al mantenimiento y reparación de las rutas. El ministro bonaerense de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, denunció que una parte importante de los recursos recaudados mediante el impuesto a los combustibles no fue aplicada a las obras correspondientes. Según información del Sistema Vial Integrado (SisVial) utilizada en presentaciones legislativas y judiciales, entre 2024 y mayo de 2026 se contabilizaron recursos por aproximadamente $1,5 billones, mientras que la ejecución informada para infraestructura vial alcanzó $394.406 millones. Esto representa apenas el 26,2% del monto considerado en ese relevamiento. La diferencia, superior a $1,1 billones, motivó pedidos de informes y denuncias para determinar cómo se administraron los recursos, cuánto dinero permaneció disponible y qué fondos fueron colocados en instrumentos financieros. La diputada nacional Victoria Tolosa Paz también realizó una presentación ante la Justicia federal para solicitar que se investigue el destino del dinero vinculado con el fideicomiso vial. Desde la administración bonaerense sostienen que la situación resulta especialmente preocupante porque numerosas rutas presentan dificultades de transitabilidad y requieren inversiones urgentes. Sin embargo, las diferencias contables y las denuncias todavía deben distinguirse de una eventual determinación judicial de irregularidades. La discusión plantea un interrogante central: cómo se financia el mantenimiento de la infraestructura nacional y qué controles existen para garantizar que los recursos destinados a ese objetivo se traduzcan en obras concretas.

La disputa entre Milei y Kicillof por el control de las rutas

El conflicto por la infraestructura vial también profundizó las diferencias entre el Gobierno nacional y la administración de Axel Kicillof. La Provincia intentó participar del sistema de concesiones mediante Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), la empresa pública encargada de administrar distintos corredores bonaerenses. La compañía presentó una oferta para operar tramos nacionales, pero fue excluida durante uno de los procedimientos de selección. Desde el Gobierno provincial cuestionaron la decisión y denunciaron irregularidades en las condiciones de participación. En junio de 2026, el Ejecutivo nacional rechazó mediante el Decreto 411/2026 el recurso jerárquico presentado por AUBASA contra la resolución que había desestimado su oferta. La medida agotó la vía administrativa, aunque dejó abierta la posibilidad de recurrir a la Justicia. La controversia enfrenta dos modelos de administración: el esquema impulsado por Nación, basado en concesiones privadas financiadas mediante peajes, y la propuesta bonaerense de gestión estatal con reinversión de ingresos. En paralelo, la administración provincial solicitó asumir responsabilidades sobre determinados sectores de la Ruta Nacional 33 y de la Autopista Presidente Perón, con el argumento de acelerar intervenciones necesarias para mejorar la conectividad. El enfrentamiento también se relaciona con la paralización de proyectos de infraestructura y con los reclamos provinciales para que Nación retome obras consideradas estratégicas para el desarrollo productivo y la seguridad vial.

Nuevos peajes: qué puede cambiar para conductores y transportistas

La posibilidad de incorporar nuevos peajes en rutas nacionales de Buenos Aires genera interrogantes entre quienes utilizan diariamente estos corredores. Los futuros contratos permitirán que las empresas adjudicatarias se encarguen de administrar, conservar, reparar y ampliar los tramos concesionados, además de prestar servicios a los usuarios. También podrán contemplar actividades comerciales complementarias que generen ingresos adicionales. Sin embargo, todavía no se anunciaron las tarifas, las ubicaciones definitivas de las estaciones de cobro ni las condiciones específicas para los residentes de las localidades atravesadas. En Cacharí, partido de Azul, vecinos y autoridades ya expresaron su preocupación por el impacto que tendría una estación de peaje sobre los traslados habituales hacia la ciudad cabecera. El debate también alcanza al transporte de cargas, dado que los costos adicionales pueden influir sobre los gastos logísticos de las empresas y productores. Por otra parte, la incorporación de sistemas automáticos de cobro genera inquietud entre trabajadores vinculados con las estaciones tradicionales. Vialidad Nacional informó que antes de las nuevas licitaciones se realizarán audiencias públicas para que usuarios, gobiernos provinciales y municipales puedan conocer los proyectos y presentar observaciones. Así, mientras el Gobierno nacional avanza con su plan de concesiones, el principal reclamo de quienes circulan por las rutas bonaerenses continúa siendo el mismo: que el eventual cobro de nuevos peajes esté acompañado por mejoras concretas, mantenimiento sostenido y condiciones de seguridad que permitan reducir los riesgos en los caminos.