Régimen penal juvenil: crece la disputa por su aplicación en PBA

La aplicación del nuevo régimen penal juvenil abrió una fuerte discusión en la Legislatura bonaerense, donde oficialismo y oposición presentan diferencias sobre la infraestructura disponible, el financiamiento y los cambios normativos necesarios para adaptar el sistema provincial.

La Ley nacional 27.801 fijó en 14 años la edad mínima de punibilidad, pero dejó en manos de las provincias la organización de juzgados, fiscalías, defensorías, equipos interdisciplinarios, programas socioeducativos y establecimientos especializados.

LLA reclama explicaciones al Gobierno bonaerense

El bloque de La Libertad Avanza en Diputados presentó un pedido de informes para que la administración de Axel Kicillof detalle cómo implementará la nueva normativa.

La iniciativa consulta sobre medidas administrativas, presupuestarias y operativas, además de la cantidad de centros disponibles, su capacidad, nivel de ocupación y las obras realizadas durante los últimos años.

Los libertarios cuestionan la planificación provincial y sostienen que la implementación no puede quedar condicionada únicamente por la discusión sobre fondos nacionales.

La Provincia reclama financiamiento de Nación

Desde el Ejecutivo bonaerense rechazan esa lectura y advierten que la reforma nacional amplió el universo de adolescentes alcanzados sin acompañar el cambio con recursos específicos.

La Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil, encabezada por José Luis Zerillo, trabaja en una ampliación del sistema que contempla un nuevo establecimiento en Abasto.

El proyecto incluye seis módulos, sectores de alojamiento, enfermería y recuperación de edificios existentes.

Buenos Aires concentra gran parte de los adolescentes privados de libertad

Uno de los argumentos utilizados por la Provincia es el peso que tiene Buenos Aires dentro del sistema penal juvenil nacional.

Según los datos citados por la administración bonaerense, alrededor del 63% de los menores de 18 años privados de su libertad en el país se encuentran en territorio provincial, pese a que Buenos Aires concentra aproximadamente el 40% de la población argentina.

Por eso, el Gobierno sostiene que la aplicación del nuevo régimen requiere una inversión significativa en infraestructura y personal especializado.

Alonso advirtió que hacen falta más recursos

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, también planteó que la implementación no depende solamente de contar con lugares de alojamiento.

El funcionario mencionó la necesidad de reforzar equipos interdisciplinarios y ampliar la cantidad de jueces, fiscales y defensores.

La discusión incluye así tanto la infraestructura física como la capacidad del sistema judicial para absorber nuevas causas.

Berni cuestionó la edad fijada por la ley

Las diferencias también aparecen dentro del peronismo.

El senador Sergio Berni consideró necesario revisar la edad de punibilidad, pero cuestionó que el límite de 14 años haya sido establecido de manera uniforme.

"Había que bajar la ley de imputabilidad, sí. Pero así como se bajó, está mal".

Berni sostuvo que la capacidad de comprensión y autodeterminación debería analizarse individualmente mediante evaluaciones especializadas.

También criticó la suspensión dictada por una jueza

Pese a sus cuestionamientos a la norma nacional, Berni tampoco respaldó la decisión de la jueza Marta Elba Pascual, del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora.

La magistrada había dispuesto suspender durante 60 días la aplicación del régimen en la provincia.

Berni consideró que la resolución tenía un componente político y cuestionó el momento en que fue adoptada.

La Cámara revocó la cautelar

Posteriormente, la Cámara de Apelaciones revocó la medida y ordenó revisar la competencia de Pascual.

La resolución no determinó si la Provincia cuenta o no con infraestructura suficiente para aplicar la ley.

El fallo cuestionó específicamente la posibilidad de suspender con una cautelar la vigencia general de una norma nacional.

La jueza enfrenta pedidos de jury

La decisión judicial derivó además en pedidos de juicio político contra Pascual.

Entre quienes promovieron esas iniciativas aparecen el diputado Manuel Passaglia, el senador Guillermo Montenegro y el abogado Alfredo Drocchi.

Montenegro recibió el respaldo del bloque del PRO en la Cámara alta, mientras que Passaglia pidió que el procedimiento continúe pese a que la cautelar ya fue revocada.

El PRO impulsa una reforma provincial

El PRO presentó además una propuesta para modificar la legislación bonaerense y adaptarla a la nueva norma nacional.

El proyecto fue impulsado por Guillermo Montenegro, Pablo Petrecca, Juan Manuel Rico Zini y Alex Campbell.

La iniciativa busca introducir cambios sobre la Ley provincial 15.571, que regula la ejecución de condenas y medidas cautelares para adolescentes punibles.

El proyecto todavía sigue en comisión

El expediente E-193/26-27 ingresó al Senado el 11 de mayo.

Fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Acuerdos; Niñez, Adolescencia y Familia; Derechos Humanos y Garantías; y Legislación General.

Desde el 30 de junio permanece en estudio y todavía no consiguió despacho.

La Provincia ya tenía una ley sobre ejecución penal juvenil

La Ley 15.571 había sido impulsada por la diputada Lucía Iañez y sancionada definitivamente en noviembre de 2025.

La norma estableció un marco provincial para ejecutar medidas penales y cautelares vinculadas con adolescentes.

La reforma nacional obliga ahora a revisar cómo se articula ese esquema con la reducción de la edad de punibilidad.

La izquierda pide datos sobre presupuesto e infraestructura

Desde el Frente de Izquierda, la diputada Mónica Schlotthauer presentó otro pedido de informes.

El proyecto D-3034/26-27 solicita información sobre presupuesto, infraestructura, personal y condiciones laborales dentro de los programas destinados a jóvenes en conflicto con la ley penal.

La presentación incluye consultas sobre Envión, Autonomía Joven, Acompañamiento para el Egreso, Unidades de Desarrollo Infantil, Entramados y centros socioeducativos.

La Legislatura todavía no definió una adecuación

Hasta el momento, la provincia de Buenos Aires no sancionó una nueva norma específica para adecuar su legislación a la Ley nacional 27.801.

El proyecto del PRO continúa en comisión, mientras que LLA y el Frente de Izquierda avanzaron con pedidos de informes.

La discusión quedó así abierta en múltiples frentes: infraestructura, financiamiento, edad de punibilidad, competencias judiciales y capacidad operativa del sistema bonaerense.