Presos de Florencio Varela denuncian extorsiones, drogas y control ilegal dentro de un penal

Un grupo de presos de la Unidad Penal N°31 de Florencio Varela presentó una denuncia judicial en la que acusa a otros 16 internos y a cinco funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) de integrar o facilitar un presunto sistema de control ilegal dentro de la cárcel.

La presentación, realizada ante la Justicia de Quilmes como una acción de hábeas corpus colectivo, describe supuestos hechos de extorsión, narcotráfico, falsificación de documentos, servidumbre, torturas y usurpación de funciones estatales. Las acusaciones deberán ahora ser investigadas y comprobadas judicialmente.

Qué denunciaron los presos de la Unidad 31

El escrito apunta principalmente al Pabellón 1, donde se encuentran alojados exintegrantes de fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas.

Según los denunciantes, dentro de ese sector funcionaría un grupo denominado "La Comitiva" o "Los Limpiezas y Mantenimiento", al que atribuyen un esquema de poder interno sostenido mediante amenazas, cobros y vínculos con integrantes del servicio penitenciario.

La denuncia habla de un supuesto "co-gobierno carcelario" y señala que determinadas funciones que deberían estar exclusivamente bajo responsabilidad estatal habrían sido delegadas de manera irregular en algunos detenidos.

Denuncian que presos controlan las llaves y los horarios de encierro

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el manejo de las llaves de las celdas.

Según la presentación, agentes penitenciarios entregarían las llaves reglamentarias a internos identificados como referentes del pabellón, quienes quedarían a cargo de abrir y cerrar los candados de las 26 celdas del sector.

Los denunciantes sostienen que este mecanismo permitiría modificar arbitrariamente los horarios de encierro, conocido en el ámbito penitenciario como "engome".

También afirman que esos cambios serían utilizados como represalia contra quienes se niegan a cumplir determinadas exigencias económicas impuestas dentro del pabellón.

Investigan presuntas irregularidades en traslados de detenidos

La presentación judicial describe además un supuesto mecanismo para confeccionar documentación irregular vinculada con traslados.

Según la denuncia, uno de los presos tendría acceso a una oficina penitenciaria y a computadoras oficiales desde las que podría consultar información confidencial sobre otros internos.

Desde allí, presuntamente se confeccionarían solicitudes de traslado con información falsa, firmas apócrifas y sellos oficiales.

El objetivo, según los denunciantes, sería lograr la salida del pabellón de presos que se niegan a pagar determinadas sumas o entregar bienes.

Estas afirmaciones forman parte de la denuncia y deberán ser corroboradas por la investigación.

Acusan a internos de cobrar hasta $40.000 por internet

Otro de los ejes es un presunto esquema de cobros por servicios dentro del penal.

Los denunciantes aseguran que algunos referentes exigirían cuotas mensuales de entre $30.000 y $40.000 por interno para permitir el acceso a internet.

Según el escrito, existirían equipos de conexión administrados por presos y un registro donde se anotaría quién paga y cuánto aporta.

Quienes no pudieran afrontar esas sumas sufrirían, de acuerdo con la denuncia, restricciones, amenazas o la imposición de distintas tareas dentro del pabellón.

También denuncian trabajos forzados y represalias

La presentación sostiene que los internos que se niegan a pagar podrían ser sometidos a distintas formas de castigo.

Entre las prácticas denunciadas aparecen restricciones en el uso de espacios destinados a visitas íntimas, expulsiones violentas del pabellón y la obligación de realizar trabajos.

Los presos que promovieron el hábeas corpus describieron ese mecanismo como un supuesto "circuito de servidumbre y trabajos forzados".

Por la gravedad de las acusaciones, solicitaron medidas urgentes para proteger a quienes aporten información a la causa.

Sospechas por tráfico de drogas dentro del penal

El escrito también denuncia una posible estructura de ingreso y distribución de estupefacientes entre distintos sectores de la Unidad 31.

Según los denunciantes, presos de otros pabellones ingresarían irregularmente al sector investigado y mantendrían contacto con integrantes del grupo señalado.

También se acusa a un interno que cumpliría funciones vinculadas con el área de Requisa de actuar como intermediario para el ingreso de sustancias.

Hasta el momento, estas acusaciones corresponden al contenido de la presentación judicial y no implican que los hechos hayan sido acreditados.

Denuncian transferencias a funcionarios penitenciarios

Otro de los puntos centrales apunta a supuestos pagos destinados a garantizar protección y libertad de movimientos dentro del penal.

La denuncia sostiene que existen registros de transferencias realizadas desde cuentas vinculadas con presos hacia la cuenta de un exfuncionario de la unidad.

Los denunciantes interpretan esos movimientos como posibles contraprestaciones para permitir el control de determinados sectores, aunque esa hipótesis deberá ser determinada por la Justicia.

Además, cinco funcionarios del SPB fueron incluidos en la presentación por su presunta participación o colaboración con las maniobras denunciadas.

Pidieron que intervenga una fuerza federal

Ante la gravedad de las acusaciones, los presos solicitaron que la investigación sea desarrollada bajo secreto y quede en manos de una fuerza federal.

Pidieron específicamente la intervención de Gendarmería Nacional o la Policía Federal Argentina, argumentando que existe riesgo de filtraciones y represalias dentro de la cárcel.

También solicitaron allanamientos y el secuestro de teléfonos celulares, documentación y otros elementos que podrían resultar relevantes para determinar si los hechos denunciados ocurrieron.

La Justicia deberá investigar las acusaciones

La presentación describe un amplio conjunto de presuntos delitos y señala tanto a internos como a funcionarios penitenciarios.

Sin embargo, se trata por el momento de acusaciones formuladas por un grupo de detenidos, por lo que corresponderá a la Justicia analizar la documentación aportada, determinar si existen elementos suficientes para abrir o profundizar investigaciones y establecer eventuales responsabilidades.

El caso pone bajo la lupa el funcionamiento interno de la Unidad Penal N°31 de Florencio Varela y las condiciones de detención denunciadas dentro de uno de sus pabellones.