29/10/2026
El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires cuestionó las declaraciones del Gobierno nacional sobre la colegiación obligatoria y los aportes previsionales. La entidad aclaró que los residentes están exentos de esos pagos y advirtió que eliminar controles podría afectar las condiciones laborales y la seguridad de los pacientes.
Los médicos bonaerenses rechazaron los cuestionamientos del Gobierno de Javier Milei a la colegiación obligatoria y los aportes previsionales, en medio de una discusión sobre los costos que afrontan los profesionales de la salud para ejercer su actividad.
Este jueves 29 de octubre, el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires difundió un comunicado en el que cuestionó las declaraciones de la Vocería Presidencial y advirtió que una desregulación sin mecanismos adecuados de control podría profundizar la precarización laboral.
La entidad también realizó una aclaración sobre los profesionales en formación: los médicos que integran el sistema de residencias bonaerense están exentos de pagar los aportes mensuales de matrícula y de la caja previsional.
El enfrentamiento comenzó después de que el vocero presidencial, Adrián Ravier, anunciara modificaciones en la cobertura médica de los residentes del Hospital El Cruce, en Florencio Varela, y cuestionara los costos asociados al ejercicio profesional.
El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires sostuvo que la matriculación no debe considerarse únicamente una obligación económica, ya que cumple funciones relacionadas con la fiscalización del ejercicio profesional y la protección de los pacientes. En su comunicado del 29 de octubre, la entidad rechazó los planteos del Gobierno nacional por considerar que presentan a los colegios profesionales como obstáculos innecesarios para trabajar. También destacó que estas instituciones supervisan las habilitaciones, intervienen ante incumplimientos éticos y ofrecen asesoramiento jurídico, formación continua y acompañamiento laboral. Para el organismo, una reducción de esas funciones podría debilitar los mecanismos de control sobre la actividad médica y generar mayores dificultades para quienes trabajan en hospitales, clínicas y otros establecimientos sanitarios. La entidad también cuestionó que las propuestas de desregulación sean presentadas como una ampliación automática de derechos, sin considerar las responsabilidades legales y sanitarias que actualmente cumplen los colegios profesionales.

Uno de los puntos centrales de la respuesta institucional fue la situación de los médicos residentes de la provincia de Buenos Aires. El Colegio aclaró que quienes integran el sistema provincial de residencias están exentos de abonar las cuotas mensuales correspondientes a la matrícula profesional y a la Caja de Previsión y Seguro Médico. Esta disposición se encuentra contemplada en la Ley bonaerense 15.434, sancionada en abril de 2023, que estableció ambas exenciones para los profesionales comprendidos en ese régimen. Sin embargo, la medida no elimina la necesidad de contar con la habilitación correspondiente para ejercer la medicina. La distinción resulta importante porque el Gobierno nacional cuestionó los costos que afrontan determinados profesionales, mientras que el Colegio sostiene que esos gastos no deben atribuirse a los residentes amparados por la legislación provincial. La institución también remarcó que la posibilidad de elegir una cobertura de salud y la obligación de disponer de una matrícula habilitante son cuestiones diferentes, que responden a regulaciones y finalidades específicas.

La controversia se intensificó después de que Adrián Ravier, vocero presidencial, anunciara el martes 27 de octubre modificaciones en la cobertura de salud de los residentes del Hospital El Cruce, ubicado en Florencio Varela. Según explicó el funcionario, un convenio firmado con la obra social Unión Personal permitirá que los profesionales en formación accedan a un plan financiado por el establecimiento y tengan la posibilidad de elegir otras coberturas. El Ministerio de Salud nacional había informado sobre este acuerdo el 22 de octubre, en el marco de las medidas de reorganización del sistema sanitario. Ravier afirmó que los residentes estaban obligados a utilizar IOMA, una interpretación que fue cuestionada por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. El funcionario provincial sostuvo que los residentes del establecimiento dependen de Nación y que no tenían una afiliación obligatoria a la obra social bonaerense. De esta manera, el anuncio también abrió una diferencia entre ambas administraciones sobre la situación previa de esos trabajadores y el alcance real del cambio.
Durante su conferencia, el vocero presidencial también afirmó que algunos profesionales bonaerenses deben afrontar más de $330.000 mensuales entre matrícula y aportes previsionales, además de una contribución del 5% sobre sus honorarios. El planteo forma parte de la posición del Gobierno nacional, que considera que determinadas obligaciones económicas deberían revisarse para reducir los costos del ejercicio profesional. Sin embargo, esos montos no son uniformes para todos los médicos y dependen de factores como la categoría del afiliado, su edad y la modalidad de trabajo. La Caja de Previsión y Seguro Médico bonaerense establece aportes obligatorios para los profesionales comprendidos en su régimen, aunque contempla exenciones y modalidades reducidas en determinadas circunstancias. En cuanto al aporte del 5%, se calcula sobre los honorarios profesionales alcanzados por la normativa, mientras que las remuneraciones obtenidas mediante determinadas relaciones de dependencia se encuentran exceptuadas. La discusión enfrenta, por lo tanto, dos cuestiones: el costo económico de las contribuciones y la manera de financiar las prestaciones jubilatorias del sistema.

El debate excede al sector médico porque también involucra el funcionamiento de las cajas previsionales y colegios profesionales de la provincia de Buenos Aires. La administración nacional promueve una revisión de las exigencias de matriculación y de los aportes obligatorios, mientras que las entidades colegiadas defienden su función de regulación y financiamiento. Como antecedente, en mayo de 2025 el Ministerio de Salud nacional estableció que la matrícula nacional resulta suficiente para trabajar en organismos e instituciones dependientes del Estado nacional. Esa disposición se aplica al ámbito específico de jurisdicción nacional y no eliminó las obligaciones establecidas por la legislación provincial. El conflicto también se había manifestado el 25 de octubre, cuando el Colegio de Médicos cuestionó declaraciones del ministro Mario Lugones durante el AmCham Health Forum 2026. La entidad advirtió entonces que debilitar las instituciones profesionales podría afectar tanto la seguridad de los pacientes como las condiciones laborales. Por ahora, no se anunció una eliminación general de las matrículas ni de los aportes a las cajas bonaerenses, por lo que continúan vigentes las obligaciones y exenciones previstas en cada régimen.
La respuesta del Colegio de Médicos profundiza una discusión que involucra a los profesionales de la salud, las autoridades nacionales y provinciales y las instituciones encargadas de regular el ejercicio de la medicina.
Mientras el Gobierno nacional sostiene que reducir determinadas obligaciones puede mejorar los ingresos disponibles de los trabajadores, la entidad bonaerense advierte que cualquier modificación debe considerar las funciones de fiscalización, respaldo profesional y protección sanitaria.
Por ahora, la colegiación y los aportes previsionales continúan regulados por la legislación provincial, con las exenciones vigentes para los residentes del sistema bonaerense.
El debate seguirá abierto en torno a los costos de ejercer la profesión, las competencias de cada jurisdicción y la manera de garantizar tanto los derechos laborales de los médicos como la seguridad de los pacientes.
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