02/07/2026
Un informe elaborado por el PRO sobre más de 1.200 establecimientos educativos detectó cientos de escuelas con fallas consideradas críticas para la seguridad. El relevamiento volvió a poner el foco en la infraestructura escolar y generó un nuevo cruce con el oficialismo bonaerense.
La infraestructura escolar volvió a quedar en el centro del debate político en la provincia de Buenos Aires. Un relevamiento impulsado por el PRO bonaerense sobre más de 1.200 establecimientos educativos detectó que 677 presentan al menos una falla grave de seguridad, un diagnóstico que la oposición utiliza para cuestionar la gestión del gobernador Axel Kicillof y reforzar su estrategia de fiscalización territorial.
El informe fue elaborado a través de Radar PBA, una plataforma digital colaborativa desarrollada por el macrismo para relevar el estado de las escuelas en los 135 municipios bonaerenses.
La herramienta recopila información aportada por docentes, consejeros escolares, familias y vecinos, que luego es procesada mediante inteligencia artificial para confeccionar un mapa de las principales deficiencias edilicias.
Desde el lanzamiento de la plataforma, el PRO informó que ya fueron relevadas más de 1.200 escuelas, todas georreferenciadas e incorporadas a una base de datos que identifica las principales problemáticas de cada establecimiento.
La convocatoria continúa abierta para que la comunidad educativa siga aportando información sobre el estado de los edificios escolares.

Según los datos difundidos por el espacio opositor, 677 establecimientos fueron clasificados "en rojo", categoría que reúne a las escuelas donde se detectó al menos una falla considerada crítica para la seguridad.
Entre los problemas más frecuentes aparecen:
Además, el informe señala que existen 81 establecimientos donde se registraron cuatro o más fallas críticas simultáneamente y otros 43 donde conviven olor a gas y salidas de emergencia obstruidas, una combinación que el PRO calificó como especialmente preocupante.

La publicación del relevamiento coincidió con una resolución del Consejo Escolar de La Matanza que despertó cuestionamientos de la oposición.
El organismo comunicó a los equipos directivos que cualquier solicitud de información, relevamiento o documentación vinculada con los establecimientos educativos deberá tramitarse exclusivamente por los canales institucionales correspondientes.
Asimismo, recomendó no entregar documentación ni información a personas que no acrediten representación y autorización formal.
Desde el PRO interpretaron la decisión como una respuesta al crecimiento de Radar PBA y al trabajo de relevamiento que vienen desarrollando en distintos municipios.
Uno de los primeros dirigentes en cuestionar la medida fue el senador provincial Juan Manuel Rico Zini, quien sostuvo que "la educación bonaerense necesita más transparencia y más control ciudadano, no más burocracia ni menos información".
El legislador consideró que, si existen problemas edilicios en las escuelas, el principal objetivo debería ser resolverlos y garantizar que la comunidad educativa pueda acceder a la información para exigir respuestas.
En la misma línea, desde el PRO bonaerense afirmaron que concentrar toda la información en los organismos oficiales dificulta los relevamientos independientes y limita el acceso público a datos sobre el estado de la infraestructura escolar, un tema que volvió a instalarse como uno de los principales ejes de discusión en la provincia.
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