Marcha Ni Una Menos en Argentina: miles de mujeres se movilizaron al Congreso contra los femicidios

El colectivo feminista Ni Una Menos, junto a organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos, encabezó este miércoles una masiva movilización hacia la Plaza del Congreso en la Ciudad de Buenos Aires y en las principales capitales de Argentina. Al cumplirse un nuevo aniversario de la primera marcha histórica, miles de personas se concentraron para visibilizar el persistente aumento de los femicidios en el país y manifestar un enérgico rechazo al desmantelamiento de las políticas públicas de prevención y asistencia a las víctimas, un escenario que instala el debate en el centro de la agenda política nacional.

Qué pasó en la marcha de Ni Una Menos y por qué el reclamo genera polémica

La jornada de protesta se desarrolló con concentraciones masivas que confluyeron por la tarde frente al Palacio Legislativo. El eje central de la convocatoria estuvo marcado por la lectura de un documento unificado donde se denunció el alarmante índice de violencia de género y travesticidios en el territorio nacional. Sin embargo, a diferencia de ediciones anteriores, el reclamo de este año sumó un fuerte componente de protesta económica y social, lo que generó inmediatas réplicas y debates en los sectores oficiales y de la oposición.

Los colectivos organizadores apuntaron directamente contra la eliminación de ministerios, la degradación de las secretarías de asistencia y la falta de presupuesto para la Línea 144 de atención telefónica a las víctimas. Desde los sectores cercanos al oficialismo, por el contrario, se argumenta que las estructuras previas no habían logrado reducir de manera eficiente las tasas de criminalidad y que la reestructuración estatal busca optimizar los recursos públicos en un contexto de profunda crisis económica.

Quiénes están involucrados en el conflicto por las políticas de género en Argentina

El escenario de confrontación tiene como principales actores a las organizaciones que integran el movimiento Ni Una Menos y a las autoridades del Gobierno nacional, puntualmente ministerios clave como Capital Humano y Seguridad. A la marcha asistieron referentes de distintas bancadas de la oposición legislativa, legisladores de izquierda y del peronismo, además de una masiva concurrencia autoconvocada de mujeres, diversidades y familiares de víctimas que exigen respuestas concretas a la Justicia.

Por el lado del Ejecutivo, las respuestas oficiales han mantenido una línea firme en el marco de la reforma del Estado. Fuentes oficiales ratificaron que el enfoque gubernamental se centrará en el estricto cumplimiento de la ley penal a través de las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial, minimizando el rol de los programas específicos de asistencia social, una decisión que las agrupaciones civiles catalogan como un desamparo institucional crítico.

Antecedentes del conflicto y el impacto político de la medida estatal

La movilización de este año marca una continuidad histórica que comenzó en el año 2015, tras el brutal femicidio de la adolescente Chiara Páez en la provincia de Santa Fe, hito que transformó la demanda social en un movimiento de masas inédito en América Latina. Durante la última década, el colectivo civil impulsó leyes fundamentales como la Ley Micaela (capacitación obligatoria en género para los tres poderes del Estado) y la Ley Brisa (reparación económica para hijos de víctimas de femicidio).

El impacto de las recientes medidas oficiales rompe con los consensos multipartidarios construidos en los últimos años sobre las políticas de género. La reducción de partidas presupuestarias para la asistencia a comedores comunitarios, donde muchas mujeres en situación de vulnerabilidad extrema encuentran contención, y el cierre formal del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), profundizaron la brecha entre el activismo social y la actual conducción del Estado.