16/09/2026
La Casa Rosada cerró la redacción de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y prevé remitirla este miércoles a Diputados. El texto incluye sanciones económicas, infraestructura crítica, seguridad aeroespacial y vigilancia marítima.
El Gobierno terminó de redactar el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional vinculado con Malvinas y prevé enviarlo este miércoles a la Cámara de Diputados. La iniciativa fue cerrada técnicamente después de varios días de trabajo y será incorporada al sistema de Gestión Documental Electrónica antes de completar su ingreso al Congreso.
El texto está dividido en aproximadamente seis títulos y reúne herramientas económicas, diplomáticas y de seguridad. Una vez presentado formalmente, comenzará la negociación con los bloques aliados para definir el recorrido por comisiones y el eventual tratamiento en el recinto.
La Casa Rosada terminó la versión definitiva durante la madrugada y el objetivo es completar el envío a la Cámara baja durante la jornada.
El proyecto había sido anunciado por Javier Milei el 3 de septiembre, aunque el Ejecutivo decidió postergar su tratamiento hasta contar con una redacción completa.
Durante los últimos días circularon distintas fechas posibles para su presentación, pero desde el equipo encargado del texto sostuvieron que la prioridad era cerrar previamente todos los aspectos técnicos.
El proyecto reúne distintas herramientas dentro de una estrategia más amplia vinculada con el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas.
Entre sus principales ejes aparecen:
La iniciativa busca ampliar el marco actualmente disponible sin modificar de manera general la legislación de Seguridad Interior.

Uno de los capítulos centrales apunta a empresas y actores que desarrollen actividades económicas en las islas sin autorización argentina.
El Gobierno trabajó inicialmente sobre el sector de los hidrocarburos, aunque durante la elaboración del proyecto evaluó extender el alcance hacia pesca, minería y otras actividades productivas.
El objetivo es reforzar las herramientas para sancionar operaciones consideradas incompatibles con la legislación argentina.
El Ejecutivo ya había avanzado mediante el Decreto 868/2026, que reglamentó procedimientos relacionados con la Ley 26.659.
La nueva norma pretende otorgar un marco más amplio a esa política en un contexto marcado por el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion en el Atlántico Sur.
Las medidas económicas serán uno de los puntos que probablemente concentren buena parte de la discusión parlamentaria.

Otro título estará dedicado a la protección de activos considerados estratégicos para el Estado.
La Casa Rosada trabaja con una definición amplia que incluye:
El esquema parte de una concepción de Seguridad Nacional que excede la defensa estrictamente militar.
La iniciativa también incluirá modificaciones destinadas a precisar el procedimiento frente a aeronaves declaradas hostiles.
El Gobierno busca reducir las zonas grises existentes durante las distintas etapas de actuación y definir con mayor claridad las condiciones de intervención.
El uso de la fuerza permanecerá planteado como última instancia y el proyecto no contempla un derribo automático de aeronaves simplemente por encontrarse en situación irregular.
La versión definitiva quedó más acotada que algunos borradores iniciales que habían sido analizados.
El paquete no incluirá una reforma integral destinada a ampliar el papel de las Fuerzas Armadas dentro del territorio nacional.
Los cambios relacionados específicamente con el sistema de Inteligencia también continuarán su trámite por separado.
El esquema contempla reforzar el seguimiento marítimo y aeroespacial en el sur del país.
El Gobierno trabaja en integrar:
La Base Naval Integrada de Ushuaia aparece como uno de los nodos centrales del sistema para concentrar información y mejorar la vigilancia del Atlántico Sur.
Pese al componente de seguridad incorporado al proyecto, el Ejecutivo sostiene que el reclamo argentino sobre las islas continuará desarrollándose por canales diplomáticos.
El ministro de Defensa, Carlos Presti, remarcó que la posición oficial mantiene una estrategia pacífica frente al Reino Unido.
La Casa Rosada busca diferenciar el fortalecimiento de las herramientas de seguridad y control soberano de cualquier interpretación vinculada con una escalada militar.
Una vez que el proyecto ingrese formalmente a Diputados, comenzará la negociación parlamentaria.
El Gobierno prevé abrir conversaciones con el PRO, la UCR y espacios federales para presentar los detalles, escuchar modificaciones y construir una mayoría.
Milei pidió que los aliados puedan conocer el contenido antes de que el expediente llegue al recinto.
La Casa Rosada considera que el tema Malvinas podría generar apoyos transversales, pero no espera aprobar el proyecto de manera inmediata.
Primero deberá definirse a qué comisiones será girado, cuáles serán los tiempos de debate y qué cambios podrían surgir durante las conversaciones con otros bloques.
El envío al Congreso marcará así el cierre de la etapa técnica y el comienzo de una discusión política sobre una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que combina Malvinas, seguridad, economía e infraestructura estratégica.
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