24/08/2023
En el ojo de la polémica, el dirigente social sostuvo que con los robos a comercios se "recuperó la comida" en zonas como el Conurbano bonaerense, la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza y Chaco.
Con versiones variadas sobre el origen de los saqueos que se suscitaron en el Conurbano bonaerense y gran parte del país, el dirigente social Raúl Castells fue uno de los que levantó la mano y aseguró haber impulsado los ataques en banda a los comercios.
"El hecho delictivo es que el kilo de milanesas esté $4.200. En Mendoza, Neuquén, Córdoba, en el Chaco, Capital Federal y en el Conurbano la gente está saliendo por comida. Nosotros somos los que estamos convocando a esto, les estamos diciendo que, sin robar plata ni romper nada, se lleven lo que se puedan aunque sea para canjear por comida", había afirmado el titular del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), en declaraciones a la señal Crónica.
Luego de encender la polémica e, incluso, ser denunciado en la Justicia por "instigación", Castells volvió a hablar y redobló la apuesta con respecto a su accionar.
El dirigente social consideró que las acciones delictivas llevadas a cabo en gran parte del país fueron "una expropiación" hacia las cadenas de supermercados.
"Estamos hablando de La Anónima, Átomo, Carrefour, Changomás, que es donde ha ido centralmente nuestro pueblo desde el viernes pasado hasta ayer, que finalmente se llegó a un preacuerdo con el Gobierno y esto se ha dado por concluido", sostuvo, en comunicación con C5N.
"Lo que ha habido es el rechazo a que haya aumentado la comida al 100% y a su vez, que hacía tres meses que no entregaban los alimentos a los comedores comunitarios de las iglesias, escuelas y los barrios. Ese era el reclamo central y luego se agregó el tema de que se resarza a los pequeños comerciantes damnificados por esta lucha", agregó.
"En el día de ayer se acordó un bono de $ 70.000, que nosotros reclamamos que sea con las características del IFE, y un resarcimiento de $ 7 millones para los pequeños comerciantes y 'la' Tolosa Paz ratificó que se van a reintegrar los alimentos", señaló.
Por lo pronto, la Justicia de Mendoza comenzó a tramitar una denuncia penal presentada por abogados del espacio político Republicanos Unidos por haber incumplido el artículo 209 del Código Penal, que contempla 2 años de prisión a quien "públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución".
"Toda vez que el denunciado se expresó en plural -como 'nosotros'-, debe investigarse qué otras personas participaron de la acción típica", indicaron desde la agrupación política -perteneciente a Juntos por el Cambio- en un comunicado de prensa.
La denuncia cayó por sorteo en el juzgado federal 6, que subroga el magistrado Daniel Rafecas quien este mediodía delegó la investigación en la fiscalía que encabeza Alejandra Mangano, informaron fuentes judiciales a Télam.
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