Las justificaciones de la Corte Suprema para confirmar la condena a Cristina Kirchner

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a Cristina Fernández de Kirchner y quedó sin posibilidad de ejercer cargos públicos.

Al momento de recibir la noticia, trascendió que Cristina Kirchner estaba en llamada con dirigentes de todo el país explicando el plan del Partido en Salud y Educación.

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DETALLES DEL VEREDICTO

Los integrantes del tribunal son Horacio Rosatti, presidente, Carlos Rosenkrantz, vicepresidente, y Ricardo Lorenzetti votaron en unanimidad. Los tres emitieron su voto pasadas las 16 y solo restaba conocer la decisión final del tribunal.

Por consiguiente, el máximo tribunal rechazó las apelaciones y dejó firme el fallo que la condenó a seis años de prisión en la Causa Vialidad. La ex mandataria queda inhabilitada de por vida.

Cristina Kirchner quedó imposibilitada a ejercer cargos públicos.

QUE DICE LA JUSTICIA

Según el documento, firmado por los representantes del Poder Judicial, se desestima el recurso de queja presentado por la exmandataria por cinco grandes motivos:

• No procede los planteos de violación de independencia, imparcialidad judicial y deber de objetividad del MPF.

• No procede los planteos de violación al principio acusatorio.

• No son procedentes los planteos relativos a la incorporación de hechos "no descriptos".

• No hubo afectación al derecho de defensa respecto de la producción de prueba ni tampoco cosa juzgada.

• No hay gravedad institucional.

La Corte desestimó el recurso de queja por no cumplir con los requisitos del art. 14 de la Ley 48 (fundamentación autónoma, concreta y razonada).

En el año 2022, la ex mandataria había sido condenada por el TOF 2 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, por el delito de administración fraudulenta. La pena fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre de 2023, pero el tribunal oral y los camaristas rechazaron incorporar la figura de asociación ilícita.

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En abril, la Corte Suprema solicitó al Procurador Eduardo Casal que determine si correspondía revisar la pena de seis años de prisión o elevarla a 12 años por el delito de asociación ilícita, como había pedido el fiscal de Casación, Mario Villar.