"La responsabilidad también es política": la AGN avanza para realizar una auditoría sobre la ANMAT por el fentanilo contaminado

La Auditoría General de la Nación (AGN) volvió a funcionar en el caso del fentanilo contaminado, luego de dos años de inactividad, y convocó a familiares de las víctimas del fármaco a un taller de planificación participativa para definir una posible auditoría sobre la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). El encuentro se realizará mañana a las 10.30.

El Bonaerense pudo contactar a Alejandro Nahuel Ayala, hermano Leonel Estaban Ayala (una de las 173 víctimas que fallecieron por el fentanilo del laboratorio HLB Pharma, sumado a decenas de afectados), quien es profesional de la salud y es uno de los citados para la reunión del jueves en el Edificio Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín.

El hermano de Alejandro fue internado por una pancreatitis en el Hospital Italiano de La Plata mediante terapia intensiva y, a pesar de que en primera instancia tenía una buena recuperación, la ingesta del fentanilo le provocó la muerte el 12 de abril de 2025. "Ni la Justicia, ni el hospital llamaron para notificarnos. La sospecha surge por una muerte inusual. La familias se enteraron por los medios de comunicación o el boca en boca", marcó tras ser consultado ante la falta de respuestas de los responsables.

El fentanilo fue excluido en 2016 de la lista de la Ley de Trazabilidad por parte de la ANMAT, que se encarga de monitorear el recorrido completo de medicamentos (desde producción hasta dispensación) y productos médicos activos. Por lo que no se sabe que hospital lo tiene, a quien se lo aplica o qué se hace con el fármaco. La polémica aumentó por la falta de reportes de los mismos hospitales en donde se aplicó el fentanilo contaminado. La consecuencia fue la limitación en la investigación judicial, porque no se pudieron registrar los lotes, ni se sabe donde están la mayoría de las ampollas no aplicadas.

"Es un hecho extraño. Las fallas fueron administrativas y, en este término, también políticas. Era algo muy previsible y se podía haber evitado", expresó Alejandro ante la cadena de errores que desembocó en la distribución del fentanilo y en las pocas respuestas que tiene la Justicia en la actualidad.

"La idea del taller es para contarnos (a los familiares) la transparencia de la auditoría que se plantea hacer", reveló Alejandro sobre la reunión que podría desembocar a una auditoría para poder indagar los puntos críticos de la gestión de la ANMAT durante el período entre 2023 y mediados del 2025. "El foco lo van a poner en el sistema de alerta, controles preventivos, la seguridad de la producción y la distribución de los medicamentos. Aunque no es suficiente una auditoría a un organismo que está bajo control del Ministerio de Salud, que a su vez está bajo el control de la jefatura de Gabinete. Queremos que se auditen las fallas estructurales que definen en la Justicia y en las políticas que no controlan y no regulan en el sistema", declaró y utilizó como ejemplo la suspensión de la Auditoría General de la Nación por dos años consecutivos. "Si hubiera estado presente la Auditoría General, seguramente alguna de las fallas se hubieran evitado a tiempo", agregó.

Según la investigación judicial y los informes de la comisión, la causa del fentanilo contaminado dejó al descubierto una secuencia crítica: fallas en la detección temprana, controles insuficientes en la producción, antecedentes ignorados y un sistema de trazabilidad y retiro que no logró actuar a tiempo. En ese marco, las familias buscan no solo que se audite el accionar de la ANMAT, sino también que se analice la responsabilidad del Estado en su conjunto. Analizar exclusivamente la actuación de la ANMAT, sin considerar el contexto normativo, las decisiones políticas y las condiciones operativas en las que se desenvolvió, podría limitar la comprensión integral de las fallas que permitieron el desarrollo del evento.

"La responsabilidad también es política", sostuvo Alejandro al explicar que las fallas son más grandes de lo que parece y son estructurales, ya que esto tranquilamente podría volver a suceder y eso es también lo que quieren evitar. "Yo trabajo en salud y esto es más común de lo que parece. La ANMAT tenía 118 expedientes antes de la tragedia. Al laboratorio lo dejaron trabajar", continuó.

"Están involucrados muchos gobiernos, al menos desde 2018, que fue cuando iniciaron HLB Pharma y Ramallo (los laboratorios involucrados en la causa)", señaló Alejandro, quien insistió que el fentanilo no tiene trazabilidad desde 2016. Actualmente son 16 los laboratorios que trabajan con este productor y no hay control: "No se blanquea, no se sabe dónde se produce y qué hospital lo tiene. Hay un negocio oscuro. La explicación que te dan es que el fentanilo no se puede contaminar, que es de uso exclusivamente médico y que por eso no necesita una normativa que lo avale. Una aspirina tiene trazabilidad y el fentanilo no".

"La causa tiene que ser nacional. Ayer yo me fui a la marcha en Plazo de Mayo y algo similar nos ocurrió con el tema del fentanilo. Nos ocultaron, nos silenciaron. A nuestras familias le inyectaron veneno y lo hicieron pasar como una muerte natural", finalizó Alejandro, quien invitó a los ciudadanos a involucrarse en esta lucha, porque también le podría pasar a cualquier argentino.

La auditoría se presenta en este contexto como una instancia decisiva para establecer qué falló y evitar que una tragedia de esta magnitud vuelva a repetirse. Porque cuando el control falla, las consecuencias no son administrativas. El daño provocado se originó en una decisión tomada con consenso, que tuvo consecuencias trágicas. Podría ser el inicio de un cambio en la estructura de la salud nacional. Sin embargo, para lograr el objetivo no sólo las víctimas o sus familiares deben dar la lucha, sino que también tienen que movilizarse todos los argentinos, porque nadie está salvado de la negligencia o del interés de un político.