Ishii había advertido a Kicillof por la inseguridad, pero 'cajonearon' su proyecto de Ley

El senador bonaerense Mario Alberto Ishii había advertido al gobierno de Axel Kicillof por la inseguridad en la provincia de Buenos Aires y llevó el reclamo al Senado con un proyecto de ley para que el Estado provincial se hiciera cargo del financiamiento integral de los móviles de la Policía Bonaerense. Sin embargo, la iniciativa quedó sin avance parlamentario y volvió a exponer la tensión entre la administración provincial y los intendentes del Conurbano.

El expediente fue presentado el 6 de julio de 2026 y apuntaba a 'reafirmar' un principio central del orden institucional: que las competencias públicas deben ejercerse con los recursos correspondientes al nivel de gobierno que tiene esa responsabilidad. En este caso, la seguridad pública depende de la Provincia de Buenos Aires.

El proyecto de Ishii por la inseguridad bonaerense

La propuesta impulsada por Ishii establecía que la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Seguridad o del organismo que lo reemplace, debía financiar el mantenimiento preventivo y correctivo, la reparación, la conservación, la compra de repuestos, neumáticos, seguros y demás gastos necesarios para garantizar la operatividad de los vehículos afectados a la Policía Bonaerense.

El texto también alcanzaba a los móviles adquiridos por los municipios mediante programas provinciales de seguridad, como el Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad. La lógica de la iniciativa era evitar que los intendentes tuvieran que cubrir con fondos locales los gastos de vehículos destinados a una fuerza policial provincial.

En los fundamentos, el proyecto remarcaba que la seguridad pública es una competencia propia de la Provincia. Por eso, Ishii sostuvo que si el Estado bonaerense transfiere recursos insuficientes para sostener esos vehículos, la diferencia debe ser afrontada por la administración provincial y no por los municipios.

Oídos sordos. El gobernador Axel Kicillof no le dio lugar al proyecto que impulsaba el ex intendente de José C. Paz.

La advertencia a Kicillof y el reclamo desde José C. Paz

El planteo legislativo se reactivó políticamente en medio de un clima de creciente preocupación por la inseguridad en el Conurbano. Según la información publicada, el reclamo tomó mayor volumen tras el asesinato de un vecino en José C. Paz, distrito conducido por el espacio de Ishii, desde donde se exigió que Kicillof asumiera la responsabilidad plena por la situación y concentrara la gestión en el territorio bonaerense.

La crítica no se limitó al plano discursivo. Ishii llevó el planteo al Senado bonaerense con una iniciativa concreta para ordenar el financiamiento de la seguridad y evitar que la falta de partidas provinciales derivara en una transferencia indirecta de costos hacia los gobiernos municipales.

Uno de los pasajes más fuertes del proyecto fue explícito: 'La finalidad del proyecto es evitar que la insuficiencia de las partidas provinciales se traduzca, en los hechos, en una transferencia de cargas financieras hacia los municipios, afectando sus presupuestos y condicionando la prestación de servicios esenciales a la comunidad'.

Un proyecto cajoneado en el Senado bonaerense

La iniciativa de Ishii quedó trabada en el Senado bonaerense, donde no avanzó hacia un tratamiento efectivo. De acuerdo con la misma publicación, el proyecto de seguridad se suma a otros planteos del senador vinculados con la Emergencia Alimentaria y la Emergencia Sanitaria, que también habrían quedado sin tratamiento legislativo.

Ese bloqueo abrió una interna sensible dentro del oficialismo provincial. Ishii integra Fuerza Patria y representa a un sector territorial del peronismo bonaerense, por lo que su reclamo impacta dentro del propio entramado político que sostiene a Kicillof.

El trasfondo es claro: los intendentes reciben de manera directa el reclamo vecinal por robos, homicidios, patrullaje y presencia policial, pero el diseño institucional coloca la conducción de la Policía Bonaerense bajo la órbita del gobierno provincial.

Señalado. El ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, es responsabilizado por los recurrentes hechos de inseguridad del Conurbano bonaerense.

Municipios, patrulleros y recursos en la Provincia

El proyecto también prohibía que los convenios de adhesión a programas provinciales incluyeran cláusulas que trasladaran responsabilidades operativas o financieras propias de la Provincia hacia los municipios. Además, establecía que ningún distrito pudiera ser obligado a poner fondos propios como condición para acceder a programas de fortalecimiento de la seguridad.

En términos prácticos, la discusión afecta gastos cotidianos pero centrales para el funcionamiento policial: combustible, cubiertas, seguros, reparaciones mecánicas y repuestos. Cuando esos costos no están cubiertos, los patrulleros pueden quedar fuera de servicio o los municipios deben reasignar partidas que estaban destinadas a otras prestaciones locales.

El planteo tiene un efecto político más amplio. En plena crisis de seguridad, la disputa por quién paga el funcionamiento real de los móviles policiales vuelve a poner bajo presión al gobierno de Axel Kicillof, especialmente en el Conurbano bonaerense, donde los intendentes tienen mayor exposición territorial y enfrentan el reclamo diario de los vecinos.

La seguridad como punto de tensión interna

El caso también expone un problema de gobernabilidad dentro del peronismo bonaerense. Ishii no cuestionó solo la falta de respuestas frente al delito, sino el esquema financiero que, según su mirada, obliga a los municipios a sostener funciones que corresponden al Estado provincial.

Según la información disponible, el freno al proyecto en comisiones se inscribe en una dinámica de mayor tensión dentro del Senado bonaerense, donde también se mencionaron cruces por iniciativas del Ejecutivo vinculadas al área de salud.

Para Kicillof, el reclamo combina tres frentes sensibles: la seguridad pública, la relación con los intendentes y la interna legislativa. Para los municipios, en cambio, el punto central es presupuestario y operativo: contar con recursos suficientes para que los móviles policiales funcionen en la calle.