Irregularidades en Mercedes: multas al intendente Ustarroz por compras sin control

Compras de alimentos sin expediente administrativo

El Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires detectó irregularidades administrativas en la compra de alimentos realizada por la municipalidad de Mercedes durante 2024.

Según el informe del organismo de control, el municipio abonó más de cuatro millones de pesos por productos básicos como azúcar, polenta y arroz sin cumplir el circuito administrativo obligatorio.

Entre las operaciones observadas figuran dos pagos:

• $2.230.000 a Tatiana Guadalupe Melia, por la compra de 2.000 paquetes de azúcar y 300 paquetes de polenta.
• $2.211.720 a Leonardo Andrés Bossio, por 560 paquetes de arroz.

De acuerdo con el Tribunal, en ambos casos no existió el procedimiento formal de compra que exige la normativa municipal.

Es decir, no hubo solicitud de pedido, solicitud de gasto ni orden de compra, lo que implica que los productos fueron adquiridos y entregados antes de cualquier formalización administrativa.

La operación fue "regularizada" después del pago

El informe también señala que la operatoria fue posteriormente "regularizada" mediante una nota firmada por la intendenta interina Mariana San Martín, quien autorizó el pago de manera excepcional.

Sin embargo, el Tribunal de Cuentas fue contundente en su evaluación: esa decisión no invalida la irregularidad administrativa detectada.

El organismo remarcó que los procedimientos de compra existen precisamente para garantizar transparencia, control del gasto público y competencia entre proveedores.

Proveedores particulares y sin competencia

Otro punto cuestionado por el Tribunal es el tipo de proveedores elegidos.

Según el informe, las compras se realizaron a personas físicas y no a empresas proveedoras habituales del Estado.

Además, el municipio no realizó comparación de precios, licitación ni concurso de proveedores, lo que eliminó los mecanismos básicos de control del gasto público.

Este tipo de operatoria, advierte el organismo, abre la puerta a decisiones discrecionales en la selección de proveedores y en la fijación de precios.

Desde el municipio argumentaron que se trató de una situación de urgencia vinculada a asistencia alimentaria y a problemas administrativos en la carga de partidas presupuestarias al inicio del año.

Sin embargo, el Tribunal consideró que esa explicación no justifica el incumplimiento de las normas de contratación pública.

Multa al intendente y sanciones a funcionarios

A pesar de las irregularidades detectadas, el Tribunal decidió aprobar la rendición de cuentas 2024, al considerar que los estados contables reflejan la situación financiera del municipio.

No obstante, aplicó sanciones administrativas a varios funcionarios.

El intendente Juan Ignacio Ustarroz recibió una multa de 360.000 pesos, mientras que otros funcionarios fueron alcanzados por llamados de atención:

• Fernando Javier Roldán, contador municipal
• María Clara Pérez, tesorera municipal
• Guillermo José Fernández, jefe de Compras
• Gabriela Leandra Olivella, secretaria de Desarrollo de la Comunidad
• María Agustina Bertera, subdirectora de Recursos Humanos
• Ignacio Buzzalino, secretario de Economía y Hacienda

Las sanciones se basan en el artículo 16 de la Ley 10.869, que establece penalidades por incumplimientos en la administración de fondos públicos.

Un expediente que todavía podría tener consecuencias

El Tribunal de Cuentas aclaró además que algunos puntos del expediente siguen bajo análisis, por lo que las responsabilidades administrativas aún no están completamente cerradas.

Esto implica que varios funcionarios, incluido el propio jefe comunal, podrían enfrentar nuevas observaciones o sanciones en el futuro.

El informe deja un diagnóstico claro: aunque no se comprobó un perjuicio económico directo, el municipio realizó gastos públicos por fuera de los mecanismos legales de control, en un área especialmente sensible como la asistencia alimentaria.