IOMA: dos causas y más de una década de investigación de la era Scioli

La causa por presuntas maniobras de corrupción en el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) durante la gestión de Daniel Scioli entró en una fase decisiva en los tribunales de La Plata, con múltiples expedientes que explotan en instancias clave de definición judicial y alto impacto político.

El expediente principal, impulsado en su origen por denuncias de Elisa Carrió, quedó radicado en el Tribunal Oral en lo Criminal N°5, mientras que otra causa paralela vinculada a medicamentos oncológicos avanza con audiencias preparatorias y discusiones de fondo sobre la validez del proceso, en un contexto donde la gestión del IOMA vuelve a ser eje de debate público.

La investigación sobre el manejo de fondos del IOMA entre 2013 y 2015 apunta a la existencia de un esquema sistemático de desvío de recursos públicos. Según la acusación, se habría montado un circuito paralelo dentro del organismo para direccionar contrataciones hacia un grupo de empresas, mediante mecanismos como liquidaciones manuales de excepción, falta de auditorías y resoluciones "a medida". El fallo de la Sala III de La Plata describió un "modus operandi" con múltiples actores y una estructura organizada que incluía trato preferencial a determinadas sociedades, irregularidades en el vínculo con afiliados y ausencia de controles efectivos.

En este expediente, 19 imputados quedaron a un paso del juicio oral, entre ellos el extitular del organismo, Antonio La Scaleia, junto a exfuncionarios y empresarios. La imputación incluye delitos como negociación incompatible con la función pública, peculado en 78 hechos, defraudación por administración fraudulenta y asociación ilícita.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°5 estará integrado por los jueces Ezequiel Medrano, Carmen Palacios Arias y Lucas Massaccesi, con la intervención de la fiscal de juicio Viviana Arturi. Se trata de un expediente de gran volumen probatorio que examina el funcionamiento interno de una de las cajas más relevantes del Estado bonaerense.

Las denuncias que dieron origen a la causa no solo provinieron del ámbito político, sino también de afiliados y del Sindicato Único de Profesionales, Trabajadores y Técnicos del IOMA (SUPTTIOMA), que advirtieron sobre presuntos desmanejos y desvíos presupuestarios. En paralelo, otra causa de alto impacto investiga una presunta defraudación vinculada a la provisión de medicamentos oncológicos, con 34 imputados entre exfuncionarios, farmacéuticos y empresarios. La hipótesis judicial sostiene que existió una organización que falsificaba tratamientos y sobrefacturaba medicamentos de alto costo destinados a pacientes con enfermedades graves. El perjuicio económico estimado supera los dos millones de pesos de la época, cuando el dólar cotizaba por debajo de los cinco pesos.

Entre los acusados aparecen exagentes jerárquicos del IOMA como Sergio Leonardo Massaccesi, Guillermo Hernández Plata y Marcelo Piergiácomi, quienes, según los investigadores, habrían tenido un rol clave al autorizar expedientes adulterados. En algunos casos, las drogas se habrían dispensado a nombre de afiliados fallecidos o que nunca recibieron los tratamientos.

El circuito se completaba con la entrega irregular de medicamentos en farmacias de La Plata y su posterior reventa en el mercado ilegal, con participación de empresarios y visitadores médicos. La causa, que se originó a partir de denuncias de afiliados y de asociaciones profesionales, incluyó allanamientos, detenciones y un centenar de autorizaciones irregulares detectadas en programas de medicamentos especiales.

Durante la audiencia preparatoria, la fiscal Victoria Huergo y el abogado Martín Lasarte -en representación de la Fiscalía de Estado, conducida por Hernán Gómez- propusieron avanzar con juicios abreviados, lo que implicaría reconocimiento de los hechos, penas condicionales y reparación económica. Las defensas rechazaron de manera unificada esa alternativa y plantearon la prescripción de la acción penal, argumentando que los imputados llevan más de 12 años sometidos a proceso. Los abogados Flavio Gliemmo y Marcelo Botindari lideraron esa estrategia, basada en el concepto de "plazo razonable".

En esa línea, el letrado Fabián Améndola cuestionó la investigación al sostener que hubo una "inversión de la carga probatoria sin precedentes" y remarcó la ausencia de una pericia contable que determine con precisión el daño patrimonial. Como gesto provocador, propuso que su defendido abone un peso como resarcimiento. Desde la acusación rechazaron estos planteos. Huergo subrayó la gravedad institucional del caso al recordar que el IOMA integra la administración pública, mientras que Lasarte calificó el argumento del plazo razonable como un "concepto jurídico indeterminado", aunque dejó abierta la posibilidad de negociar reparaciones económicas.