Golpe judicial: procesan a Alberto Fernández por corrupción

El juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la contratación de seguros por parte de organismos del Estado durante su gestión. La decisión judicial marca el primer procesamiento por hechos de corrupción contra el exmandatario, a quien se le imputa el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, que prevé penas de uno a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

Según la resolución, Fernández habría favorecido al productor de seguros Héctor Martínez Sosa, integrante de su entorno personal y profesional, con quien mantenía vínculos desde años antes de llegar a la presidencia. Entre 2010 y 2019, Fernández trabajó como abogado para él y su empresa, emitiendo facturas mensuales por servicios jurídicos y manteniendo una relación comercial sostenida.

Durante el período presidencial, las comisiones que Nación Seguros abonó a la firma de Martínez Sosa ascendieron a 2.252 millones de pesos, lo que representó aproximadamente el 60% del total pagado a intermediarios del sector. La segunda empresa en la lista recibió apenas un 17%. En la causa también quedó involucrada María Cantero, esposa del bróker y exsecretaria privada del entonces presidente, a quien el juez señaló como parte activa en el diseño de una estrategia para ampliar la participación del grupo en contratos estatales.

Casanello consideró acreditado que Fernández utilizó su investidura para intervenir en situaciones específicas que beneficiaron directamente al bróker, a su esposa y a otros integrantes del entorno. En dos casos concretos -uno vinculado a la Cancillería y otro a la permanencia de un funcionario en Nación Seguros-, el juez sostuvo que el expresidente actuó con conocimiento y voluntad para remover obstáculos y garantizar la continuidad de negocios favorables para Martínez Sosa.

La resolución también alcanza a otras 33 personas, entre ellas Cantero, Martínez Sosa y el extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano. Además, se dictó un embargo por más de 14.600 millones de pesos sobre los bienes de Fernández. El juez investiga, además, delitos como lavado de dinero y cohecho. Entre los imputados figura Mauro Tanos, exgerente general de Nación Seguros, quien habría recibido sobornos a través de cooperativas administradas junto a su esposa.

En paralelo a los procesamientos, Casanello ordenó allanamientos a distintas aseguradoras y citó a indagatoria a ocho empresas, dado que desde 2017 las personas jurídicas también pueden ser penalmente responsables. El magistrado busca determinar el rol de estas compañías en la presunta red de corrupción.

El fallo señala que existía una estructura dual en el sistema de seguros estatales: una formal, basada en el decreto presidencial que obligaba a contratar con Nación Seguros, y otra informal, destinada a beneficiar intereses privados del círculo cercano a Fernández. Parte de esa estrategia incluía mostrar públicamente la cercanía con los intermediarios, utilizando la imagen presidencial como respaldo comercial.

Fernández, Cantero y Martínez Sosa habrían compartido durante años una "comunidad de intereses económicos". El juez destacó que, incluso después de asumir la presidencia, el exmandatario mantenía deudas con el bróker y vínculos laborales indirectos a través de empleados financiados por él. Uno de esos colaboradores, Daniel Rodríguez, fue nombrado como intendente de la Quinta de Olivos, pese a haber trabajado anteriormente para la empresa de seguros.

El juez sostuvo que, lejos de evitar conflictos de interés, Fernández promovió un "escenario permisivo" para el crecimiento patrimonial de sus allegados, facilitando negocios y brindando cobertura institucional.

Este procesamiento se suma al que ya pesa sobre el expresidente por lesiones y amenazas contra su expareja Fabiola Yañez, causa en la que la Cámara Federal confirmó su situación en abril. En paralelo, continúan abiertas otras investigaciones por su rol durante la pandemia y su relación con distintos contratos del Estado.