08/04/2026
Una jubilada que fue víctima de una sofisticada estafa por WhatsApp logró un fallo favorable en la Justicia bonaerense. El Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 23 de La Plata determinó que una entidad financiera debe devolverle más de 22 mil dólares y otras sumas en pesos, además de pagar una indemnización por daño moral. El tribunal consideró que el banco no aplicó controles suficientes para evitar el fraude.
El caso comenzó cuando Liliana F., una jubilada, intentó comunicarse con el BBVA de Bahía Blanca para avanzar con un trámite vinculado a la cancelación de una hipoteca.
Tras completar formularios online, la mujer recibió un mensaje de WhatsApp desde una supuesta cuenta del banco, donde le indicaron que necesitaban verificar su identidad para continuar con el proceso.
Durante la conversación, los estafadores le pidieron su usuario y claves del Banco Provincia, con el argumento de validar sus datos.
Minutos después recibió una llamada telefónica en la que una persona se presentó como parte del equipo encargado de su trámite.
"Me dijeron que estaban siguiendo mi caso y que necesitaban verificar unos datos para avanzar. Era algo que yo estaba esperando", relató la víctima.
Sin sospechar que se trataba de una estafa, la jubilada proporcionó la información solicitada.

La maniobra utilizada es conocida como phishing, un tipo de estafa digital que busca engañar a las víctimas para que entreguen datos personales, claves bancarias o códigos de seguridad.
En este caso, los delincuentes construyeron un relato creíble vinculado a un trámite real que la mujer estaba realizando.
"En ningún momento pensé que era una estafa. Me hablaban como si realmente supieran todo de mí", explicó la jubilada.
Cuando finalmente detectó que algo no estaba bien, se comunicó con el banco para bloquear sus cuentas. Sin embargo, para ese momento los delincuentes ya habían vaciado sus cajas de ahorro en pesos y dólares.
Durante el proceso judicial intervinieron peritos en informática y contabilidad, quienes analizaron los movimientos registrados en las cuentas.
El informe técnico reveló que todas las operaciones se realizaron en menos de 24 horas.
Entre las maniobras detectadas se incluyeron:
Los especialistas también detectaron que el sistema del banco no activó alertas por movimientos sospechosos, a pesar de tratarse de operaciones poco habituales y de alto monto.

Tras analizar el caso, el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 23 de La Plata concluyó que la entidad financiera debía responder por los daños sufridos por la clienta.
La sentencia ordenó:
Los jueces Laura Marta Larumbe y Andrés Antonio Soto consideraron que el banco no implementó mecanismos de control suficientes para prevenir el fraude.
"El banco no puede desentenderse de lo ocurrido. Es quien diseña sus plataformas, fija las medidas de seguridad y está en mejores condiciones para evitar este tipo de fraudes", sostuvo la jueza Larumbe.
El tribunal también destacó que la damnificada, por su edad, se encuentra protegida por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
En ese marco, fue considerada una "consumidora hipervulnerable", lo que implica que las entidades financieras deben extremar las medidas de seguridad y protección.
Además, el fallo señaló que los proveedores de servicios financieros tienen una obligación de seguridad sobre las plataformas digitales que ofrecen a sus clientes.

Durante el proceso judicial se presentó un informe psicológico que evaluó las consecuencias del fraude en la víctima.
El documento describió síntomas de angustia, depresión y un deterioro significativo en su calidad de vida, lo que motivó la inclusión del daño moral dentro de la indemnización.
"Sentí una desesperación enorme. No era solo plata. Era mi seguridad, mi tratamiento, mi tranquilidad", expresó la jubilada.
El caso vuelve a poner en debate la responsabilidad de los bancos frente a las estafas digitales, un delito que creció de forma sostenida en los últimos años en Argentina.
Especialistas en derecho del consumidor sostienen que las entidades financieras deben reforzar los sistemas de detección de operaciones sospechosas, especialmente cuando se trata de transferencias de grandes montos o movimientos inusuales.
La sentencia de la Justicia platense marca un precedente importante y podría influir en futuras demandas vinculadas a estafas bancarias y fraudes por WhatsApp.
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