El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad y lanza un nuevo régimen de pensiones

Tras un fallo del Juzgado Federal de Campana que declaró inválida la suspensión por "falta de financiamiento", el presidente Javier Milei aprobó la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. La normativa, publicada hoy en el Boletín Oficial, redefine el sistema de asistencia y los controles estatales.

A través del Decreto 84/2026, el Ejecutivo estableció los mecanismos para las pensiones no contributivas y centralizó la política del área en el Ministerio de Salud.

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Los ejes del nuevo régimen de pensiones

La reglamentación establece las reglas de juego para acceder y mantener el beneficio, buscando un equilibrio entre la asistencia y la inserción productiva:

• Criterios de acceso: Se definen con precisión las condiciones socioeconómicas y los grados de discapacidad requeridos.

• Compatibilidad laboral: El sistema se articulará con políticas de inclusión para que el beneficio no sea un impedimento al empleo registrado.

• Conversión de oficio: Todas las pensiones no contributivas otorgadas previamente se convertirán automáticamente en la nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social.

• Incompatibilidades: Se fijaron límites estrictos para evitar la superposición con otros beneficios de seguridad social.

Cambios en el organigrama y mayor control

El decreto introduce una reestructuración administrativa clave para la gestión de estos recursos:

1. Traspaso a Salud: La Secretaría Nacional de Discapacidad pasa a formar parte del Ministerio de Salud. El Gobierno argumenta que esto responde a una "concepción integral" que une lo sanitario con lo social y económico.

2. Auditorías obligatorias: La Secretaría tiene un plazo de 30 días para presentar un plan de auditorías periódicas. El objetivo es identificar, relevar y verificar que cada prestación vigente cumpla con los nuevos requisitos.

3. Evaluación Federal: Se convocará al Consejo Federal de Discapacidad para consensuar los criterios de evaluación socioeconómica en todo el país.