El Gobierno presentó un recurso extraordinario para suspender la Ley de Financiamiento Universitario

La Procuración del Tesoro de la Nación, liderada por Sebastián Amerio, presentó durante esta madrugada un Recurso Extraordinario Federal a la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para suspender la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario.

La presentación cuestiona la sentencia de la Cámara que confirmó la medida cautelar que ordenó la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley N° 27.795 y la inaplicabilidad del artículo 1 del Decreto N° 759/2025, relacionados con el financiamiento y recomposición salarial universitaria. Ante esto, presentaron el Recurso con efecto suspensivo para no tener que comenzar a pagar los fondos de las universidades: en rigor, el plazo límite era hasta las 9.30 horas del día de la fecha, por lo que ya se encuentra en vigor la obligatoriedad de las transferencias.

Dado que este caso se elevará posteriormente a la Corte, el Poder Ejecutivo le solicitó a los tres magistrados que la componen que se excusen en el caso y llamen a tres conjueces porque todos ellos son docentes universitarios.

El Poder Ejecutivo Nacional argumentó que la intervención de la Corte resulta necesaria por la existencia de una cuestión federal y que la medida cautelar concedida resulta equiparable a una sentencia definitiva, pues provoca un "grave e irreparable perjuicio al Estado" al ordenar gastos sin financiamiento específico, lo que podría comprometer el equilibrio fiscal y la sostenibilidad de las funciones estatales.

Si bien la norma fue ratificada dos veces en el Congreso (tanto por la sanción como por el posterior volteo del veto que realizó el presidente Javier Milei), en el Gobierno marcan que "el estado actual sigue de imposible aplicación porque no prevé una fuente de financiamiento".

Es por eso que reiteran que la ley cuestionada (27.795) no estableció fuentes de financiamiento claras y que, conforme a las leyes presupuestarias (Ley 24.629, Ley 24.156 y Ley de presupuesto 27.798), la ejecución de gastos requiere previsión y partidas específicas aprobadas por el Congreso. El Ejecutivo acusa al Poder Judicial de excederse en sus atribuciones al disponer sobre cuestiones de asignación y ejecución presupuestaria, invadiendo la órbita del Legislativo y el Ejecutivo, y reclama la observancia del principio de división de poderes.

La magnitud del ajuste se observa en una cifra publicada recientemente por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN): las transferencias a las universidades nacionales experimentaron una caída real acumulada del 45,6 % entre 2023 y 2026, de acuerdo con un comunicado difundido semanas atrás por la organización que agrupa a los rectores del país. Según el mismo informe citado por Infobae, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios universitarios en ese período supera el 32 %, mientras que la inflación acumulada asciende al 280 % frente a un incremento salarial del 158 %.