29/09/2023
A través de la Dirección Nacional Electoral (DINE), comunicó que no realizará transferencias hasta que no reciba las rendiciones de los espacios minoritarios que compitieron en las PASO.
Las últimas elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se caracterizaron por tener una amplia oferta de candidatos. Más precisamente, en los cuartos oscuros hubo 27 boletas que competían por la presidencia.
Este dato no solo representa una cantidad enorme de papel, sino también una gran inversión por parte del Estado, que está a cargo de desembolsar el dinero para cubrir los gastos de la impresión de cada una de las listas sábanas de los espacios que compiten en los comicios.
Por eso mismo es que la Cámara Nacional Electoral (CNE) puso el foco en los partidos más chicos -considerados coloquialmente como "sellos de goma"-, sospechados de participar de manera testimonial para quedarse con una jugosa suma de dinero.
El Gobierno Nacional fue en el mismo sentido y anunció que congelará partidas por un monto global de $3.000 millones correspondientes a aquellos partidos que participaron de las PASO pero que aún no presentaron sus informes de campaña.
La decisión fue tomada por la Dirección Nacional Electoral (DINE), el organismo dependiente de la Secretaría General de la Nación que se encarga de organizar el acto eleccionario.
"Se pone en vuestro conocimiento que esta Dirección Nacional no realizará las transferencias pendientes de erogación que se detallan en el archivo embebido hasta tanto se encuentre aprobada la rendición pertinente y ello sea debidamente comunicado", sostiene la nota firmada por su titular, Marcos Schiavi, que fue enviada a diez juzgados federales con competencia electoral de todo el país.
Según se dio a conocer, la DINE invirtió un promedio de $123 millones por lista en concepto de transferencias para cubrir los gastos. No obstante, la CNE recientemente falló en contra del partido Unión Popular Federal de Córdoba, uno de los que están en el ojo de la tormenta.
"No pueden descartarse situaciones de abuso del derecho o, lisa y llanamente, casos de malversación de fondos públicos", sostuvieron los magistrados, a la vez que instaron al Congreso de la Nación a revisar el mecanismo de asignación de fondos.
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