El Gobierno investiga un posible hackeo al Ejército

Por estas horas, el Gobierno solicitó que se inicie una investigación luego de que el Ejército Argentino, que depende del Ministerio de Defensa nacional, recibiera "una serie de alertas sobre un incidente de Seguridad de la Información".

Según pudo saber LA NACION, la pesquisa preliminar indica que podría tratarse de "acceso a datos de carácter administrativo que no comprometerían las capacidades operativas de la Fuerza".

En principio, las fuentes consultadas no pudieron confirmar si el ataque informático se concretó o no. "Se encuentra en etapa de investigación sobre su veracidad y atribución", se agregó a través de un comunicado de la cartera de Defensa.

Aparentemente, y de acuerdo a las primeras versiones periodísticas, se podrían haber filtrado los datos personales de unos 50.000 efectivos del Ejército, como sus números de documentos de identidad y lugar de residencia, entre otros.

"En forma preventiva, se adoptaron medidas adicionales para reforzar la seguridad de la información administrativa y la ejecución de protocolos especiales sobre los sistemas de acceso", agregó el comunicado del Ejército que cerró con que las autoridades correspondientes solicitaron la intervención de la Justicia a fin de avanzar con la investigación correspondiente.

Desde hace poco más de una semana, un fiscal de la ciudad de Buenos Aires investiga un presunto intento de hackeo del teléfono celular del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti.

Según la denuncia, el 5 de mayo pasado Sebastián Matías Bustamante, empleado de la Corte, recibió una llamada en su teléfono particular de un número privado. El hombre que se comunicó se identificó como un empleado de Movistar y afirmó que una línea le había sido reportada como robada; le pidió que procediera a bloquearla y le diera el número de PIN que le aparecía, relataron fuentes de la investigación.

A Bustamante el llamado le pareció extraño. No hizo lo que le pidió su interlocutor y dio aviso de la anomalía a la Dirección General de Seguridad de la Corte, a cargo de Roberto Varela. La denuncia quedó radicada en la División Conductas Informáticas Ilícitas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para averiguar el ilícito, con la intervención del fiscal nacional en lo criminal y correccional Santiago Vismara.