08/09/2023
Economía
La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, falló hoy a favor de Burford Capital por la expropiación de YPF y determinó que los daños económicos que deberá pagar el Estado argentino ascienden a los U$S 16.000 millones. No obstante, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, anunció que se apelará la decisión judicial.
"El presidente Alberto Fernández analizó la cuestión con la Procuración del Tesoro. Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres", expresó Cerruti.
Esta definición ocurre tras varios meses de discusión y negociación entre las partes. El 31 de marzo pasado, Preska había fallado en contra de la Argentina en el juicio que le había iniciado el fondo Burford Capital por la estatización de YPF. Tras ocho años de litigio, determinó que la Argentina -y no la empresa- debía pagar una indemnización tras argumentar que los demandantes tenían derecho a una sentencia sumaria por incumplimiento de contrato.
La jueza Preska determinó este mediodía que la Argentina deberá pagar un resarcimiento por daños económicos a los fondos Burford Capital.
En marzo, la misma jueza había fallado en contra del país, al determinar que hubo incumplimiento de contrato por parte del gobierno argentino y sólo quedaba saber el monto de la sentencia de primera instancia, que la magistrada aún no determinó.
Burford Capital no fue víctima de ninguna expropiación cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner oficializó la recompra del 51% de las acciones de YPF en 2012, sino que se trata de un fondo que recompró los derechos de litigio a otros acreedores, entre ellos el grupo Petersen, conformado por empresas argentinas.
Fundado en 2009 por el exvicepresidente y director jurídico de Time Warner, Christopher Bogart, el fondo Burford financió el reclamo desde el inicio del litigio, en 2015, y se convirtió en el más duro litigante contra la Argentina.
Así fue la expropiación a YPF
En el año 2012, el gobierno argentino llevó a cabo la expropiación del 51% de las acciones de YPF, que pertenecían a la compañía española Repsol. La decisión fue tomada por la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien expresó que el objetivo era que el Estado controlara la empresa para garantizar la autosuficiencia energética del país.
La expropiación se llevó a cabo al declarar a YPF como una empresa de utilidad pública sujeta a expropiación. La operación no estuvo exenta de polémicas y generó una crisis diplomática entre Argentina y España, ya que el gobierno español consideró esta acción como una agresión a sus intereses. Por su parte, el gobierno argentino argumentó que Repsol no había invertido lo suficiente en YPF y que no había cumplido con los compromisos para aumentar la producción. Como parte de la expropiación, Argentina indemnizó a Repsol con US$5.000 millones.
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