11/05/2026
municipales
El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires aprobó la rendición 2024 del municipio de Dolores, pero detectó múltiples irregularidades administrativas, observó contrataciones por más de $108 millones y sancionó al intendente Juan Pablo García junto a varios funcionarios.
La resolución del Tribunal de Cuentas bonaerense expuso una extensa lista de cuestionamientos sobre el manejo administrativo y financiero de la Municipalidad de Dolores durante el ejercicio 2024.
Aunque la rendición fue formalmente aprobada, el fallo dejó asentadas observaciones vinculadas a:
Además, el organismo avanzó con multas económicas contra integrantes clave del gabinete municipal.
El punto más delicado señalado por el Tribunal gira en torno a un mecanismo utilizado de manera reiterada por el municipio.
Según el fallo, la gestión de García contrató mano de obra de forma directa mientras adquiría materiales por separado, encuadrando esas operaciones bajo la figura de "obra pública".
Para el HTC, esa modalidad vulnera la Ley Orgánica de las Municipalidades.
"La normativa no contempla que el municipio contrate la mano de obra por un lado y provea los materiales por el otro", remarcó el organismo.
Las observaciones alcanzan contrataciones por al menos $108.170.000.
Uno de los expedientes objetados fue el 4032-84.404/24.
Mediante el decreto 455/24, el municipio adjudicó en forma directa a José Luis Victorino la construcción de 60 nichos por $5.500.000.
El Tribunal consideró que correspondía realizar un concurso de precios.
Otro expediente cuestionado fue el 4032-85.339/24.
Allí se adjudicaron directamente $27 millones a Pablo Fabián Muñoz para construir 1090 metros lineales de cordón cuneta con badenes y curvas.
En el expediente 4032-85.385/24 se autorizó otra contratación directa para construir 108 nichos.
El adjudicatario volvió a ser José Luis Victorino, esta vez por $16 millones.
La licitación privada 12/24 adjudicó a Martín Ignacio D'Amico trabajos por $32.670.000.
También quedó bajo observación.
El municipio contrató además mano de obra directa por $27 millones adjudicados a Jerónimo Horacio Fernández.
El Tribunal detectó además severas falencias administrativas.
Entre las principales observaciones figuran:
En el caso del movimiento de suelo, el HTC observó una omisión de retención por $726.907,50.
En la obra de cordón cuneta, la falta alcanzó los $729.000.
Más allá de las obras públicas, el Tribunal dejó una observación de fuerte impacto institucional.
Según el fallo, el municipio cerró el ejercicio con un saldo de:
$4.999.015.410,66
Sin embargo, no logró demostrar documentalmente la existencia real de esos fondos en caja y cuentas bancarias.
El organismo detectó inconsistencias entre registros contables y movimientos bancarios.
También cuestionó la ausencia de documentación obligatoria del sistema RAFAM.
La resolución incluyó sanciones económicas concretas.
El fallo formuló además un cargo económico contra el exintendente Camilo Etchevarren por $108.920,74.
La medida fue dispuesta en solidaridad con la contadora municipal.
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