17/06/2026
La Auditoría General de la Nación presentó un informe crítico ante los legisladores denunciando la falta de mantenimiento, desinversión y controles deficientes en las líneas ferroviarias operadas por el Estado.
La Auditoría General de la Nación (AGN) expuso este martes ante la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Congreso de la Nación un crítico informe que revela severas fallas en el control y mantenimiento de la Línea del Tren San Martín. El documento oficial, presentado en la Ciudad de Buenos Aires, alertó de manera contundente sobre la persistencia de debilidades estructurales y de seguridad en el sistema ferroviario de Argentina que evocan las alarmas previas a la Tragedia de Once ocurrida en 2012. La presentación de este relevamiento técnico resulta de máxima relevancia, ya que pone bajo la lupa la gestión de los subsidios públicos y expone el riesgo al que se exponen a diario miles de pasajeros debido a la falta de inversión en infraestructura básica.
El informe de la AGN desató una fuerte polémica en el ámbito político y social al desnudarse el estado de abandono en el que opera el Tren San Martín, una de las arterias de transporte más importantes que conecta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el noroeste del conurbano bonaerense. Los auditores detallaron que se detectaron profundas deficiencias en las revisiones técnicas obligatorias de las formaciones, demoras crónicas en la ejecución de obras viales de señalamiento y una preocupante falta de repuestos críticos para las locomotoras y vagones en servicio.
La controversia se agudiza porque las conclusiones del organismo de control técnico revelan que el Estado argentino no ha logrado corregir los mecanismos de fiscalización que fallaron hace más de una década. Según los expositores, los sistemas de seguridad activa y el control sobre las empresas contratistas estatales encargadas de las vías presentan "vulnerabilidades sistémicas" que comprometen la confiabilidad de la red ferroviaria metropolitana.
La exposición de la AGN apunta directamente a las responsabilidades institucionales compartidas entre la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la empresa estatal Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE), encargadas de fiscalizar y ejecutar las políticas de transporte público ferroviario en Argentina. Los legisladores de la oposición utilizaron el informe para cuestionar la política de subsidios y la aparente subejecución presupuestaria en materia de seguridad vial, mientras que los representantes del oficialismo ensayaron defensas basadas en las dificultades macroeconómicas para la importación de insumos técnicos.
Durante la sesión del Congreso, los técnicos de la Auditoría hicieron hincapié en que la burocracia interna y la falta de sanciones efectivas por parte de la CNRT han permitido que las deficiencias identificadas en auditorías de años anteriores continúen vigentes, perpetuando un esquema de riesgo operacional inadmisible.
El fantasma de la Tragedia de Once, el accidente ferroviario de 2012 que se cobró la vida de 51 personas y dejó más de 700 heridos en la Línea Sarmiento, sobrevoló todo el debate parlamentario. El documento expuesto por la AGN establece un paralelismo técnico alarmante: las actuales falencias de control institucional sobre el Tren San Martín coinciden con las advertencias tempranas que el propio organismo formuló antes del luctuoso hecho en la terminal de Once, cuando se denunciaba el desvío de fondos destinados al mantenimiento hacia gastos corrientes de las prestatarias.
A lo largo de los últimos años, el sistema ferroviario en la Argentina ha sufrido recurrentes incidentes menores, descarrilamientos y cancelaciones de servicio que los usuarios y gremios del sector adjudican directamente a la falta de inversiones estructurales duraderas, lo que convierte a este informe en una radiografía de una crisis anunciada que excede a un Gobierno en particular.
Esta cruda presentación de la AGN ante el Congreso podría marcar un punto de quiebre en la discusión legislativa sobre la emergencia ferroviaria y la privatización o reestructuración de las empresas públicas de transporte en Argentina. Al trazar un lazo directo con las fallas administrativas que derivaron en la Tragedia de Once, la Auditoría no solo emite un dictamen técnico, sino un fuerte llamado de atención político: el descuido de la infraestructura de transporte no solo acarrea ineficiencia económica, sino que tiene un costo potencial en vidas humanas. El impacto de esta advertencia obligará al Poder Ejecutivo a revisar sus prioridades presupuestarias de forma inmediata si pretende evitar que la crisis del transporte urbano se transforme en una catástrofe social y un severo costo político para la gestión.
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