25/06/2026
Trabajadores y delegados del predio concentrador de alimentos denunciaron presiones e intimidaciones por parte de la conducción para frenar las medidas de fuerza. El reclamo sindical apunta contra las decisiones administrativas del presidente del directorio en un escenario de fuerte tensión laboral.
Trabajadores y delegados gremiales del Mercado Central denunciaron públicamente este jueves una serie de "aprietes" y maniobras persecutorias ejecutadas por sectores de la conducción con el objetivo de desactivar un paro general programado contra el presidente de la corporación, Fabián Miguelez. La grave denuncia, que ya escaló a los despachos de las carteras laborales del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires, expone la profunda fractura institucional en el principal centro logístico de abastecimiento de alimentos del país, donde la disputa por las condiciones laborales y salariales amenaza con paralizar la comercialización mayorista.
La crisis interna en la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires sumó un capítulo de máxima tensión tras la convocatoria a una huelga por parte de sectores sindicales que exigen revisiones paritarias urgentes, mejoras operativas en los pabellones y el cese de medidas que consideran contrarias a los derechos de los trabajadores estables y changarines. Según los denunciantes, en las últimas horas se registraron directivas informales y amenazas de despidos o quita de licencias comerciales dirigidas a los delegados que promueven la huelga.
Este clima hostil se enmarca en un escenario económico sumamente complejo, donde los operadores de las naves mayoristas denuncian una caída en los volúmenes de venta y una fuerte presión impositiva interna. La respuesta de la administración de Fabián Miguelez ante las demandas de los trabajadores ha sido catalogada por los delegados como "inflexible", lo que dinamitó las mesas de diálogo que se venían manteniendo.

La escalada de violencia verbal y las presiones denunciadas en el predio de Tapiales han generado una fuerte polémica política que trasciende las fronteras de la corporación. Los representantes de los trabajadores aseguran contar con registros y testimonios que prueban los aprietes orientados a romper el acatamiento del paro, señalando de forma directa a segundas y terceras líneas del cuerpo de seguridad y administración.
La polémica radica en que el Mercado Central es un ente tripartito integrado por el Gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, cualquier denuncia por prácticas antisindicales salpica de forma directa a las autoridades políticas de las tres jurisdicciones, quienes hasta el momento han mantenido un estricto silencio sobre los métodos de conducción aplicados por la gerencia actual.
El mapa del conflicto ubica en un extremo a los trabajadores de carga y descarga, puesteros y el personal administrativo nucleados en agrupaciones sindicales combativas, quienes sostienen que la gestión de Fabián Miguelez ha priorizado el ajuste fiscal interno por sobre el mantenimiento edilicio y el respeto a los convenios colectivos.
En el otro extremo se encuentra el propio Miguelez y su círculo de confianza en el directorio, quienes rechazan las acusaciones de hostigamiento y sostienen que las medidas de fuerza tienen un trasfondo estrictamente político, acusando a ciertos sectores gremiales de intentar extorsionar a la administración para mantener privilegios de caja en el control de los ingresos de mercadería.

De concretarse la huelga general sin canales de resolución intermedios, las consecuencias podrían reflejarse de inmediato en la cadena de comercialización de frutas y verduras de toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Al ser el pulmón distribuidor más grande del país, una parálisis en el Mercado Central genera un efecto dominó que impacta de forma directa en los precios minoristas de las verdulerías de barrio y supermercados, alimentando la inflación en la canasta básica.
En el plano estrictamente político, un paro prolongado forzaría la intervención directa del Ministerio de Capital Humano o de la Secretaría de Comercio para dictar la conciliación obligatoria, desgastando la figura de Miguelez y exponiendo las falencias de gestión en un sector hipersensible para la paz social.
Las fricciones en el Mercado Central no son una novedad, sino el resultado de un acumulado de reclamos por falta de inversión en infraestructura, problemas de seguridad interna y denuncias por presuntos manejos discrecionales en las concesiones de los espacios de venta. En los últimos años, el predio ha sido escenario de disputas territoriales entre diferentes facciones sindicales y la administración de turno por el control operativo del playón.
Sin embargo, la actual administración de Fabián Miguelez afronta un nivel de resistencia gremial unificada que no se registraba en períodos anteriores. Con las bases en estado de alerta y movilización permanente, las próximas horas serán determinantes para definir si la vía del diálogo logra imponerse sobre las denuncias de persecución o si el principal mercado del país se encamina a un bloqueo total de actividades.
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