15/08/2026
El Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín sentenció a 25 integrantes de una organización, entre agentes retirados y civiles. La investigación incluyó un operativo fraguado en Moreno y el desvío de estupefacientes valuados en hasta US$2,8 millones.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín condenó a 25 integrantes de una organización acusada de montar un entramado de extorsión, falsificación de procedimientos y apropiación de cargamentos de droga.
Entre los condenados hay 19 expolicías bonaerenses y seis civiles. Las penas llegaron hasta los 17 años de prisión.
El proceso oral demandó casi dos años y permitió reconstruir, según la sentencia, el funcionamiento de una organización que operaba desde las delegaciones de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Quilmes y San Isidro.
De acuerdo con lo acreditado durante el juicio, según informó NA, los integrantes de la estructura utilizaban recursos y facultades estatales para seleccionar objetivos vinculados al narcotráfico, extorsionarlos y manipular actuaciones judiciales.
La investigación también detectó maniobras destinadas a apoderarse de cargamentos de estupefacientes para luego incorporarlos al circuito de comercialización.
El Ministerio Público Fiscal sostuvo durante el juicio que no se trataba de hechos aislados, sino de una actuación coordinada para administrar ilegalmente parte del tráfico de drogas en la provincia de Buenos Aires.

Uno de los episodios centrales del juicio fue el denominado "Leones blancos", ocurrido en diciembre de 2013 en una quinta de Moreno perteneciente al clan Loza.
Según la investigación, los policías montaron un procedimiento a partir de una falsa denuncia anónima y simularon el secuestro de casi media tonelada de cocaína.
Al mismo tiempo, se apoderaron de otra cantidad similar de droga que se encontraba dentro de un vehículo perteneciente a la organización criminal investigada.
El cargamento sustraído fue valuado entre 2,6 y 2,8 millones de dólares.
Según la acusación, los estupefacientes fueron trasladados hasta Santa Clara del Mar para ser distribuidos en distintos puntos de la costa atlántica y también dentro de un circuito internacional mediante envases termosellados.
El episodio derivó en severas condenas para integrantes de la estructura que operaba desde la delegación Quilmes.

El comisario Marcelo Roberto Di Rosa, el subcomisario Juan José Magraner y el subteniente Adrián Gonzalo Baeta recibieron las penas más elevadas por su participación en el operativo.
El tribunal los encontró coautores de delitos que incluyeron uso de documento público falso, falsedad ideológica, peculado y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada.
También fueron condenados el subcomisario Juan Alberto Elizalde y el subcomisario Marcelo Carlos Blanco, quienes recibieron penas de 14 años y seis meses de prisión.
La sargenta Tamara Silvina Machuca fue condenada a 11 años de cárcel.
La sentencia alcanzó además a integrantes de la organización que operaba desde San Isidro.
El comisario Roberto Adrián Okurzaty fue condenado a 17 años de prisión como organizador de una asociación ilícita.
El sargento Santiago Ignacio Cabré recibió una pena de 14 años, mientras que el teniente Mario Alberto de Armas fue condenado a 12 años.

La investigación también permitió reconstruir hechos incluidos en las causas denominadas "Bustamante", "Basaldúa", "Acosta" y "Santellán".
En esos expedientes se acreditaron, según el fallo, maniobras de extorsión contra personas investigadas por narcotráfico, exigencias de dinero a cambio de evitar imputaciones y el armado de actuaciones judiciales.
La causa también puso bajo análisis la posible participación de funcionarios del sistema penal.
El fallo también alcanzó a integrantes civiles de la organización. Los abogados Francisco José García Maañón y Matías José Pedersoli fueron condenados a penas en suspenso y recibieron inhabilitación especial para ejercer la abogacía.
Ambos fueron considerados miembros de la asociación ilícita y partícipes en delitos de extorsión y cohecho.
Por otra parte, el tribunal absolvió a seis de los imputados y ordenó remitir las constancias a la etapa de instrucción para profundizar otras líneas de investigación.

El veredicto ordenó avanzar en la investigación sobre la presunta responsabilidad del destituido exfiscal provincial Claudio Scapolan y de otros funcionarios judiciales y policiales.
La remisión de las actuaciones busca determinar eventuales responsabilidades que no quedaron resueltas durante el debate oral.
Los jueces Silvina Mayorga, Héctor Omar Sagretti y Daniel Omar Gutiérrez dispusieron que los fundamentos de la sentencia sean remitidos al Ministerio de Seguridad de la Nación, al Ministerio de Seguridad bonaerense y a la Procuración General provincial.
El objetivo señalado en la resolución es que se adopten medidas preventivas para evitar la repetición de prácticas similares dentro de las fuerzas de seguridad.
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