09/11/2024
La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular solicitará una audiencia para exponer internacionalmente lo que consideran "la destrucción de las políticas sociales y alimentarias en Argentina" bajo el actual gobierno.
El próximo 14 de noviembre, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) expondrá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una grave denuncia: el deterioro de las políticas sociales y alimentarias en Argentina, con el respaldo de organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO).
La UTEP presentará su reclamo por la situación que atraviesan los sectores más vulnerables del país. Según la organización, el gobierno de Javier Milei ha incumplido las políticas sociales vigentes, lo que ha generado un panorama de grave pobreza y precarización laboral.
En la audiencia, Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, será quien presente la denuncia. La organización señala que el avance de políticas de austeridad está afectando de manera directa a los sectores más empobrecidos, incluidos niños, niñas, adolescentes, jubilados y trabajadores informales. Gramajo calificó la situación como un "retroceso en derechos" y denunció el "plan de miseria planificada para matar de hambre al pueblo".
El reclamo también destaca que la situación constituye una violación de los derechos humanos fundamentales garantizados por tratados internacionales a los que Argentina está suscrita con jerarquía constitucional.
La UTEP también resaltó que el gobierno no solo incumple las políticas sociales, sino que ha desoído los fallos de ocho jueces federales que ordenaban al Ministerio de Capital Humano garantizar el derecho a la alimentación de la población más vulnerable. Ante esta realidad, la organización solicitará que la CIDH considere realizar una visita a Argentina para verificar la situación en el terreno.
La UTEP recuerda que Argentina tiene una larga tradición de protección de los derechos sociales y laborales, una historia que consideran debe preservarse frente a las políticas actuales. En este sentido, la intervención ante la CIDH busca resguardar los logros sociales del país y frenar lo que consideran un ataque a los derechos fundamentales de la población más empobrecida.
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11 de diciembre de 2024
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