17/07/2026

Nacionales

Caída del empleo registrado: apuntan contra Javier Milei por la pérdida de casi 330.000 puestos de trabajo

El gobierno bonaerense lanzó duras críticas hacia la administración nacional tras conocerse el fuerte impacto de las medidas económicas en el mercado laboral. Los datos oficiales reflejan un alarmante retroceso en los sectores industrial y de la construcción.

En Provincia apuntaron fuertemente este viernes contra el presidente de la Nación, Javier Milei, al responsabilizar de forma directa a sus políticas de ajuste por la histórica caída del empleo registrado en la Argentina, que ya acumula la pérdida de casi 330.000 puestos de trabajo formales. La advertencia del gabinete bonaerense enciende las alarmas en el motor productivo del país, dado que el territorio provincial es el que sufre con mayor crudeza el freno de la actividad económica y la paralización de la obra pública.

La administración provincial expuso con preocupación los últimos indicadores sociolaborales, los cuales desnudan una recesión profunda que afecta tanto al sector privado formal como a los regímenes de empleo independiente. Desde el Ministerio de Trabajo bonaerense señalaron que la combinación de devaluación, caída del consumo interno y apertura de importaciones generó un combo letal para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).

El impacto económico no discrimina regiones, pero ensaña su impacto en los cordones industriales del conurbano bonaerense. Sectores clave como el textil, el metalúrgico y el automotriz comenzaron a aplicar esquemas de suspensiones, adelantos de vacaciones y, de forma directa, despidos masivos ante la imposibilidad de sostener las estructuras de costos por los fuertes aumentos en las tarifas de servicios públicos.

Qué pasó con el empleo registrado y por qué genera polémica

La pérdida de casi 330.000 puestos de trabajo formales en la Argentina desató una intensa batalla discursiva entre la Casa Rosada y La Plata. Mientras que el ministro de Economía de la Nación defiende el rumbo fiscal argumentando que la estabilización de las variables macroeconómicas sentará las bases para un crecimiento genuino a largo plazo, la provincia califica la estrategia como un "industricidio" deliberado.

La polémica se intensifica al analizar la velocidad de la destrucción laboral, que supera los registros de crisis previas. La falta de redes de contención para el sector privado informal y el traspaso de trabajadores despedidos hacia la informalidad y el cuentapropismo precarizado configuran un escenario de vulnerabilidad social extrema que presiona directamente sobre los efectores de salud y asistencia de los municipios.

Quiénes están involucrados en el cruce por la política económica de Milei

El conflicto tiene como principales protagonistas al gobernador Axel Kicillof y al presidente Javier Milei, cuyas visiones antagónicas del Estado y la economía polarizan el tablero político nacional. En este escenario, los gremios de la Confederación General del Trabajo (CGT) y las distintas cámaras empresariales del sector pyme actúan como cajas de resonancia, aportando datos propios que coinciden con el diagnóstico de parálisis productiva.

Por su parte, los ministros del gabinete provincial operan como voceros de este reclamo, articulando con los intendentes del conurbano para monitorear la situación en las fábricas locales. Desde el oficialismo nacional, en tanto, insisten en que la flexibilización de las condiciones de contratación y los incentivos a las grandes inversiones dinamizarán el mercado laboral en los próximos meses, desestimando las críticas bonaerenses.

El impacto político de la caída del trabajo en la provincia de Buenos Aires

Las consecuencias políticas de este desplome del empleo registrado se traducen en una tensión financiera creciente. Al destruirse puestos de trabajo, disminuye la recaudación de impuestos vinculados al consumo (como Ingresos Brutos) y se sobrecargan los sistemas de asistencia social provinciales, obligando al Ejecutivo bonaerense a reasignar partidas presupuestarias de forma urgente.

Este escenario consolida a la provincia de Buenos Aires como el principal bastión de resistencia a las reformas estructurales que impulsa la administración de La Libertad Avanza. La confrontación ya no solo se limita a la disputa por los fondos de coparticipación recortados, sino que se traslada directamente al debate sobre el modelo de desarrollo, con Kicillof buscando erigirse como la alternativa política protectora del tejido industrial.

Antecedentes del conflicto laboral y la paralización de la obra pública

Los antecedentes de esta crisis laboral se remontan a los primeros meses de la gestión de Milei, cuando se decretó el freno total de la obra pública nacional. Esta medida tuvo un impacto de cadena inmediato en la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), sector que históricamente actúa como dinamizador del empleo rápido y que aportó una porción sustancial a la cifra de los 330.000 puestos destruidos.

La falta de financiamiento internacional y la suspensión de proyectos viales y de infraestructura básica en territorio bonaerense dejaron un tendal de cooperativas y contratistas en quiebra. Los intentos previos de la provincia por reactivar algunas obras con fondos propios resultaron insuficientes frente a la magnitud del recorte nacional, lo que anticipa un invierno complejo en materia de conflictividad social y reclamos gremiales en las calles.

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