04/04/2026
La Iglesia alertó sobre un aumento sostenido de personas que solicitan ayuda en Cáritas y describió una situación social "muy complicada". También advirtió por retrasos en pagos a instituciones de discapacidad, con impacto en servicios básicos y funcionamiento diario.
El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, advirtió que creció la cantidad de personas que recurren a asistencia social y describió un escenario "muy complicado", especialmente en los grandes centros urbanos.
"El incremento del número de personas que piden ayuda es visible", señaló en referencia a la actividad de Cáritas, que asiste a sectores vulnerables en todo el país.

Según Colombo, la percepción social no muestra mejoras significativas en la situación económica de las familias. El aumento de la demanda de asistencia refleja dificultades en el acceso a recursos básicos y un contexto de ajuste en los gastos cotidianos.
La Iglesia remarcó que su enfoque no responde a posiciones políticas, sino a la necesidad de garantizar el bienestar de los sectores más afectados.
El arzobispo también alertó sobre el impacto de la falta de pagos en instituciones que trabajan con personas con discapacidad. Señaló que estos espacios dependen de fondos estatales para sostener servicios esenciales, como atención médica, alimentación y salarios del personal.
Entre los ejemplos mencionados, se encuentran los centros vinculados a Don Orione, que enfrentan dificultades para mantener su funcionamiento.
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La Iglesia envió una carta al ministro de Salud, Mario Lugones, en la que denunció retrasos e insuficiencia en los aportes estatales destinados a estas instituciones.
En el documento, se advierte que la situación económica es de "extrema gravedad" y que compromete aspectos esenciales como medicamentos, alimentación y salarios. También se señala que los compromisos estatales no se regularizan desde fines de 2025.
La Conferencia Episcopal solicitó una respuesta "concreta, visible y urgente" para garantizar la estabilidad del sistema de asistencia y evitar un deterioro mayor en la atención de personas vulnerables.
El planteo enfatiza que la discapacidad no debe quedar expuesta a recortes ni a demoras administrativas que afecten la calidad de vida de quienes dependen de estos servicios.
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