18/11/2026
El costo de ingresar a una vivienda puede alcanzar los $3 millones y muchas familias destinan una parte creciente de sus ingresos al alquiler. En la Legislatura bonaerense avanzan propuestas para que los propietarios paguen las comisiones inmobiliarias y crear un régimen de alquiler social.
El acceso a la vivienda en la provincia de Buenos Aires atraviesa un escenario de endeudamiento familiar y retracción del mercado inmobiliario. Según datos presentados el miércoles 18 de noviembre durante una mesa de trabajo en el Senado bonaerense, el 73% de los hogares inquilinos relevados tiene deudas y destina, en promedio, el 41% de sus ingresos al alquiler y las expensas. En ese contexto, legisladores y representantes del sector buscan impulsar cambios para reducir los costos de contratación.
El encuentro fue encabezado por la senadora de Fuerza Patria Mónica Macha y reunió a organizaciones de inquilinos, sindicatos, especialistas y legisladores. El eje principal fue un proyecto que propone que las comisiones inmobiliarias de los alquileres destinados a vivienda sean abonadas exclusivamente por los propietarios, con el objetivo de aliviar el desembolso que deben afrontar las familias al firmar un contrato.
La iniciativa impulsada por Macha, junto con las senadoras María Rosa Martínez y Laura Clark, plantea modificar la Ley provincial 10.973, que regula la actividad de martilleros y corredores públicos. La propuesta busca impedir que las inmobiliarias cobren a los inquilinos honorarios, gastos administrativos o de gestoría vinculados con la intermediación para alquilar una vivienda.
El texto establece que los honorarios profesionales, actualmente ubicados entre el 2% y el 4% del valor total del contrato, queden a cargo del propietario. También contempla obligaciones de información para que las inmobiliarias indiquen de manera clara quién debe afrontar esos gastos.
Durante la reunión, Macha sostuvo que los inquilinos representan la parte más débil de la relación contractual y cuestionó que deban pagar por un servicio solicitado por quienes ofrecen las propiedades. La iniciativa cuenta con el respaldo de Inquilinos Agrupados y toma como referencia regulaciones vigentes en jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires, La Pampa y Río Negro.
El expediente E-427/26-27 fue presentado en septiembre y permanece en estudio en la Comisión de Legislación General del Senado bonaerense. Hasta el momento, no cuenta con dictamen, por lo que la propuesta todavía debe atravesar el tratamiento legislativo antes de convertirse en ley.
Uno de los principales obstáculos para las familias es el dinero necesario para ingresar a una vivienda. Katy Chiappa, vicepresidenta de la Asociación de Inquilinos de La Plata, advirtió que actualmente ese desembolso puede ubicarse entre los $2 millones y los $3 millones, al sumar las distintas obligaciones vinculadas con la contratación.
La dirigente señaló que las comisiones inmobiliarias representan una parte importante de ese costo y advirtió que numerosos hogares deben recurrir al endeudamiento para poder mudarse. Los datos expuestos durante el encuentro reflejaron la presión sobre los presupuestos familiares: además del 73% de hogares con deudas, el relevamiento indicó que uno de cada cinco debió mudarse recientemente por dificultades económicas.
La situación también impacta en los jóvenes. Según las cifras difundidas en la mesa de trabajo, cuatro de cada diez personas de entre 25 y 35 años que viven en ciudades permanecen en sus hogares de origen. A su vez, el 35% de los jóvenes inquilinos relevados tuvo que regresar a la vivienda familiar porque no podía sostener el alquiler.
El problema se inscribe en una tendencia de largo plazo. De acuerdo con el Censo 2022, la provincia de Buenos Aires tenía alrededor de 1,16 millones de hogares inquilinos, equivalentes al 19,3% del total. La proporción creció de manera sostenida durante las últimas décadas, en un contexto en el que los ingresos familiares deben afrontar los costos de vivienda y servicios.
Las dificultades de los inquilinos coinciden con un escenario de retroceso para el mercado inmobiliario y la construcción. Un informe del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) registró una caída interanual del 9,4% en el indicador conjunto de ambas actividades durante el segundo trimestre de 2026.
El relevamiento abarcó 66 municipios bonaerenses y detectó resultados negativos en 51 distritos. Dentro del indicador, el componente inmobiliario tuvo una contracción del 10,9%, mientras que las operaciones de compraventa registraron una baja interanual del 20,1%.
Entre las localidades afectadas aparecen La Plata, Ensenada, Avellaneda, General San Martín, Merlo, Tigre y Florencio Varela. También se observaron retrocesos en ciudades del interior, como Olavarría, Junín, Bahía Blanca, Mar del Plata, Pergamino y Necochea.
La caída no fue homogénea en toda la provincia: Presidente Perón, Esteban Echeverría, Moreno, Escobar y San Isidro integraron el grupo de municipios con resultados positivos en el indicador general. De todos modos, el informe muestra que la retracción alcanzó a una parte importante del territorio bonaerense.
Desde el sector inmobiliario, Luis Colao, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia, advirtió que la pérdida de poder adquisitivo afecta tanto a quienes buscan alquilar como a propietarios y comerciantes. También señaló que las inmobiliarias deben intensificar la publicidad para conseguir interesados, especialmente en el segmento de locales comerciales.
Además del proyecto sobre las comisiones, el Colegio de Martilleros bonaerense presentó una propuesta para crear un Régimen de Alquiler Social destinado a contratos de menor valor. El planteo fue acercado al diputado provincial Rubén Eslaiman y también llegó al gobernador Axel Kicillof durante reuniones con funcionarios bonaerenses.
El esquema toma como referencia el sueldo básico de la categoría 20 de la administración pública provincial, cuyo monto rondaba los $388.000 mensuales cuando la iniciativa fue presentada en septiembre. Para los contratos alcanzados, contempla eliminar las comisiones a cargo del inquilino, facilitar gratuitamente determinados informes y certificaciones y reducir los gastos de conexión a los servicios públicos.
La propuesta también incluye incentivos fiscales para los propietarios, con la intención de que la reducción de costos no recaiga únicamente sobre una de las partes del contrato. Según el Colegio, el objetivo es facilitar el acceso a viviendas de menor valor y promover condiciones que permitan sostener los alquileres.
A su vez, el diputado Avelino Zurro impulsa otro proyecto, identificado como D-3218/26-27, que también busca modificar la Ley 10.973 para establecer que los honorarios por intermediación en alquileres habitacionales sean afrontados por los propietarios.
Las iniciativas bonaerenses se presentan en un escenario marcado por los cambios introducidos por el DNU 70/2023 del gobierno de Javier Milei, que derogó la Ley nacional de Alquileres y amplió la libertad contractual para establecer plazos, monedas y mecanismos de actualización.
En ese marco, las propuestas provinciales buscan intervenir sobre algunos de los costos asociados al acceso a una vivienda. Sin embargo, todavía no modifican las condiciones vigentes: para que entren en aplicación deberán obtener respaldo legislativo y completar el procedimiento correspondiente.
La discusión reúne posiciones diferentes. Mientras las organizaciones de inquilinos reclaman reducir los gastos iniciales y aliviar el peso de los contratos sobre los ingresos familiares, los martilleros plantean alternativas que contemplen también la situación de los propietarios y la actividad inmobiliaria.
Con más de un millón de hogares que alquilan en la provincia, el endeudamiento de las familias y la caída de las operaciones inmobiliarias vuelven a colocar el acceso a la vivienda en el centro de la agenda bonaerense. El avance de los proyectos determinará si la Legislatura logra convertir esas propuestas en medidas concretas para reducir los costos de alquilar.
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