13/10/2026
El Gobierno nacional promulgó la nueva normativa que reconfigura el régimen de bonificaciones en tarifas de gas. La medida elimina el beneficio masivo aplicado desde 2021 en más de 90 municipios del país, condicionando la asistencia a estrictos criterios socioeconómicos y desatando fuertes proyecciones de subas en las facturas.
Un drástico cambio en el esquema de contención tarifaria entró en vigencia este martes tras su publicación en el Boletín Oficial.
La reforma estructural deroga los puntos centrales de la ampliación normativa implementada en 2021, limitando el beneficio directo y sin condicionantes a la Región Patagónica, el departamento mendocino de Malargüe y la zona de la Puna.

El Gobierno nacional promulgó la nueva normativa que reconfigura el régimen de bonificaciones en tarifas de gas. La medida elimina el beneficio masivo aplicado desde 2021 en más de 90 municipios del país, condicionando la asistencia a estrictos criterios socioeconómicos y desatando fuertes proyecciones de subas en las facturas.
La modificación al marco regulatorio altera por completo las condiciones de acceso a la asistencia estatal para el servicio de gas natural y propano por redes:
Restricción territorial: Quedan excluidos del descuento directo masivo todos los partidos y departamentos incorporados durante la ampliación del régimen, obligando a los usuarios a revalidar su situación.
Implementación del SEF: Para continuar percibiendo una bonificación parcial, los titulares deberán estar obligatoriamente inscriptos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y encuadrarse dentro de los parámetros de ingresos fijados por la normativa.
Impacto estimado en las facturas:
El nuevo marco legal establece que el beneficio no se otorgará de forma generalizada por habitar una región de bajas temperaturas, sino que dependerá de evaluaciones socioeconómicas vinculadas al valor de canastas básicas y criterios de vulnerabilidad.
Asimismo, se prevé un seguimiento específico para hogares que cuenten con convivientes bajo el régimen de Certificado Único de Discapacidad (CUD), a fin de ponderar la necesidad de asistencia estatal frente al nuevo cuadro tarifario que regirá hasta finales de 2031.
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