19/11/2026
Un operativo coordinado por el Ministerio Público bonaerense permitió detectar más de 3.670 archivos de material de abuso sexual infantil y detener a 16 personas. Los procedimientos se realizaron en 75 localidades de la provincia de Buenos Aires. La investigación también identificó a siete posibles víctimas y a siete investigados que trabajan con menores.
Una investigación por abuso sexual infantil en la provincia de Buenos Aires terminó con 16 personas detenidas, 123 identificadas y el secuestro de cientos de dispositivos electrónicos durante un operativo que se desarrolló simultáneamente en distintas localidades bonaerenses.
Los procedimientos se realizaron el miércoles 18 de noviembre de 2026, en el marco de la Operación Provincial Protección de las Infancias VIII, coordinada por el Ministerio Público Fiscal bonaerense para investigar la tenencia, distribución y posible producción de material de abuso sexual infantil, además de casos de grooming.
El despliegue comprendió 136 allanamientos en 75 localidades y permitió detectar más de 3.670 archivos durante el análisis preliminar de los equipos secuestrados.
Entre los datos más preocupantes del informe oficial aparece la identificación de siete posibles víctimas y de siete personas investigadas que desarrollan actividades laborales en contacto directo con niños y adolescentes.
La Operación Provincial Protección de las Infancias VIII se desarrolló mediante procedimientos simultáneos en distintas regiones del territorio bonaerense, con la participación de fiscales especializados y fuerzas de seguridad. Según la Procuración General, los investigadores identificaron a 123 personas, de las cuales 119 son varones y cuatro mujeres, mientras que 16 quedaron detenidas. Los allanamientos tuvieron como objetivo reunir pruebas sobre delitos relacionados con la producción, tenencia y circulación de material de abuso sexual infantil, así como posibles situaciones de acoso sexual a menores mediante plataformas digitales. Durante los procedimientos se secuestraron 70 computadoras y discos rígidos, 95 dispositivos de almacenamiento y 176 teléfonos celulares, lo que representa un total de 341 elementos electrónicos. El análisis inicial permitió localizar más de 3.670 archivos presuntamente vinculados con los delitos investigados. Sin embargo, el hallazgo de estos contenidos requiere peritajes para determinar su origen, circulación y relación con las personas involucradas. Los investigadores también detectaron a una persona con antecedentes en una causa por abuso sexual infantil. La información difundida corresponde a una etapa inicial de las investigaciones y las responsabilidades penales deberán establecerse mediante el proceso judicial.

Uno de los aspectos más sensibles del operativo fue la identificación de siete posibles víctimas de abuso sexual infantil, cuyas circunstancias deberán ser investigadas por las fiscalías intervinientes. Además, las autoridades detectaron que siete personas alcanzadas por la investigación desempeñan trabajos que implican contacto directo con niños, niñas y adolescentes. La Procuración no detalló públicamente qué actividades realizan ni informó que todas esas personas hayan sido detenidas. Por otra parte, durante los allanamientos se registró la presencia de 59 menores de edad que convivían o se encontraban en las viviendas inspeccionadas. Esta información debe diferenciarse de los casos en los que existen indicios concretos de victimización: estar presente en un domicilio allanado no significa necesariamente haber sufrido un delito. El informe también señaló que ocho menores de edad aparecieron vinculados al intercambio de material investigado, una situación cuya naturaleza y circunstancias deberán esclarecerse. En todos los casos, la prioridad de las autoridades debe ser garantizar la protección de los menores involucrados, preservar su identidad y evitar cualquier exposición innecesaria. La investigación continúa abierta y los datos difundidos hasta el momento no permiten establecer conclusiones definitivas sobre todas las personas identificadas.
La investigación tuvo un alcance provincial y comprendió 21 departamentos judiciales bonaerenses, mediante un esquema de trabajo coordinado entre fiscalías y unidades especializadas. Los procedimientos se realizaron en jurisdicciones como La Plata, Quilmes, La Matanza, Morón, Moreno-General Rodríguez, San Isidro, Lomas de Zamora, Avellaneda-Lanús y San Martín. También hubo medidas judiciales en Bahía Blanca, Mar del Plata, Azul, Dolores, Junín, Mercedes, Necochea, Pergamino, San Nicolás, Trenque Lauquen y Zárate-Campana, entre otras zonas. El operativo se organizó a través de nueve nodos de investigación distribuidos en diferentes departamentos judiciales, que permitieron compartir información y coordinar las diligencias. La participación simultánea de distintas fiscalías fue fundamental para ejecutar las órdenes judiciales y preservar los dispositivos electrónicos secuestrados. En el procedimiento intervinieron especialistas de la Policía bonaerense, la Policía Federal Argentina y la Policía de la Ciudad, además de divisiones de delitos informáticos y unidades de investigación locales. La distribución territorial de los allanamientos demuestra que las investigaciones relacionadas con delitos sexuales contra menores en entornos digitales pueden involucrar a personas ubicadas en diferentes localidades y requieren una coordinación que excede a una sola jurisdicción.
La Procuración General de la provincia de Buenos Aires, encabezada por Julio Conte-Grand, estuvo a cargo de la coordinación general mediante el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, dependiente de la Secretaría de Política Criminal. La operación fue la octava edición de un programa de investigaciones conjuntas orientado a combatir delitos sexuales contra niños y adolescentes. Entre las fiscalías participantes estuvieron las de La Plata, representadas por Cecilia Corfield y Hugo Tesón; La Matanza, con Lorena Pecorelli y Daniela Sánchez; y Quilmes, con Ernesto Daniel Ichazo, Ángel López y Laura Bustos. También participaron representantes de San Isidro, Junín, Dolores, Mar del Plata y otras jurisdicciones. Una de las líneas investigativas permitió identificar a una nueva imputada por presunta producción y distribución de material de abuso sexual infantil. Según el informe, esa pesquisa se originó en un operativo anterior por tenencia de esos contenidos y avanzó a partir del análisis posterior de la información obtenida. Los fiscales deberán continuar examinando los elementos secuestrados para determinar responsabilidades, identificar posibles nuevas víctimas y establecer si existieron conexiones entre las diferentes causas. Las detenciones y los allanamientos constituyen medidas judiciales dentro de investigaciones en curso y no equivalen a condenas.
El grooming es una forma de acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes que se desarrolla mediante internet y otras tecnologías de comunicación. Puede comenzar a través de redes sociales, videojuegos en línea o aplicaciones de mensajería, cuando una persona adulta intenta establecer contacto con un menor con una finalidad sexual. En la Argentina, esta conducta está contemplada en el artículo 131 del Código Penal, mientras que el artículo 128 establece sanciones vinculadas con el material de abuso sexual infantil. La Procuración bonaerense recomienda que, ante una sospecha, las familias eviten compartir o reenviar imágenes, videos o enlaces que pudieran constituir material ilegal. En cambio, deben preservar los datos necesarios para la denuncia y acudir a las autoridades. También resulta importante escuchar a los niños y adolescentes sin responsabilizarlos por lo ocurrido, además de evitar que se expongan públicamente sus identidades. Las denuncias pueden realizarse en fiscalías, comisarías o mediante los canales digitales habilitados por el Ministerio Público y el Gobierno provincial. Para recibir orientación y acompañamiento, también está disponible la Línea 137, que funciona de manera gratuita las 24 horas. La prevención requiere fortalecer la educación digital, acompañar a los menores en el uso de las plataformas y actuar rápidamente cuando aparecen situaciones de riesgo.
COMPARTE TU OPINION | DEJANOS UN COMENTARIO
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
19 de noviembre de 2026
19 de noviembre de 2026
19 de noviembre de 2026
19 de noviembre de 2026
19 de noviembre de 2026
19 de noviembre de 2026