Fallo contra Julián Álvarez y Sebastián Castillo por $52 millones sin comprobantes de nafta para patrulleros en Lanús

Lanús vuelve a quedar en el centro de la polémica por el manejo de fondos públicos. Un fallo del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires expuso irregularidades en gastos por más de $52 millones destinados a cargar combustible para patrulleros y vehículos municipales, sin que exista un solo comprobante que permita verificar el destino de esos recursos.

Qué detectó el fallo contra Julián Álvarez y Sebastián Castillo

Según el expediente, dos órdenes de pago por cifras millonarias carecen de documentación básica: no hay constancia de qué móviles cargaron combustible, qué agentes autorizaron las operaciones ni quién controló esos consumos. Para el organismo de control, se trata de una violación a las normas mínimas de administración pública.

Pero el dato más delicado es que el monto observado podría ser mayor. El propio fallo advierte que otras órdenes de pago presentan inconsistencias similares, lo que impide determinar con precisión la magnitud total del presunto perjuicio.

Un fallo del Tribunal de Cuentas bonaerense detectó graves irregularidades en la gestión del intendente de Lanús, Julián Álvarez, por más de $52 millones destinados a combustible para patrulleros sin respaldo documental

Además, el Tribunal señaló incumplimientos en los procedimientos de compra: no existieron pedidos formales previos ni órdenes administrativas antes de ejecutar el gasto, un punto central porque compromete la trazabilidad del uso de fondos públicos.

Multas y sanciones por irregularidades en Lanús

Como consecuencia, el secretario de Seguridad de Lanús, Sebastián Castillo, fue multado con $300.000, mientras que el director general de Compras, Fernando Stamilla, recibió una sanción de $350.000.

El fallo también cuestiona que no pueda vincularse el combustible cargado con vehículos concretos de la flota municipal. En términos prácticos, la Justicia contable dejó asentado que no existe prueba que confirme que la nafta haya sido efectivamente utilizada para tareas de patrullaje.

Ni siquiera la invocación de una supuesta emergencia logró sostener la defensa oficial. Según la resolución, no hubo fundamentos válidos para apartarse de los mecanismos legales de control y transparencia exigidos por la normativa bonaerense.

Por qué el caso golpea políticamente a Julián Álvarez

La resolución impacta de lleno sobre la gestión de Julián Álvarez porque toca una de las áreas más sensibles para cualquier administración municipal: seguridad y manejo de fondos públicos.

El caso adquiere mayor peso político porque no se trata de una discusión partidaria ni de una denuncia opositora, sino de observaciones surgidas de un órgano institucional de control. Eso amplifica el costo político en un contexto donde la transparencia en el uso de recursos es un tema central en Argentina.

También fue sancionado el secretario de Seguridad, Sebastián Castillo.

A su vez, la falta de documentación sobre combustible para patrulleros abre interrogantes más profundos: si no puede probarse el destino de esos fondos, también quedan bajo sospecha los mecanismos internos de auditoría del municipio.

Antecedentes y posible impacto en la política bonaerense

El fallo se inscribe en una serie de cuestionamientos sobre contrataciones y manejo presupuestario en distritos del conurbano, un tema que históricamente genera tensión política.

Aunque las sanciones económicas impuestas son relativamente menores frente a los montos observados, el peso institucional del fallo podría derivar en nuevas derivaciones administrativas o judiciales si se profundizan investigaciones sobre el destino del dinero.

Análisis: por qué este fallo puede escalar

Este episodio podría convertirse en algo más que una observación contable. Cuando un organismo de control deja asentado que no puede verificarse el destino de fondos públicos en un área sensible como seguridad, el impacto excede lo administrativo.

Puede transformarse en un punto de desgaste para la gestión local y abrir una discusión más amplia sobre controles, transparencia y responsabilidad política dentro del oficialismo bonaerense.

Qué significa esto para el Gobierno y qué puede pasar en los próximos días

El caso puede generar presión política adicional sobre intendentes alineados al oficialismo provincial, sobre todo si el tema escala a pedidos de informes, denuncias o nuevas auditorías. En los próximos días podría haber repercusiones políticas en Lanús, respuestas del municipio o incluso movimientos en la oposición para capitalizar el fallo.